• La norma mejorará la eficiencia en procedimientos relacionados con la ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la gestión administrativa
• El Ejecutivo autoriza un gasto extraordinario de 11,3 millones para reforzar la plantilla de profesorado en Bachillerato, FP y la atención a necesidades educativas especiales el próximo curso
• Miguel Sariego, María Elena Arango y David Artime asumen, respectivamente, las direcciones generales de Personal Docente, de Planificación e Infraestructuras y de Ordenación, Evaluación y Equidad de la Consejería de Educación
• Sogepsa pasa a depender de Hacienda y Administración Autonómica incorpora a su estructura la Dirección General del Agua y el Instituto Adolfo Posada

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Medidas Administrativas Urgentes, que simplifica procedimientos burocráticos con el fin de agilizar el ejercicio o la puesta en marcha de actividades económicas. La norma reducirá o eliminará trabas administrativas y mejorará la eficiencia de procedimientos, fundamentalmente en sectores con una incidencia significativa en la economía: ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio cultural. También incluye medidas de gestión presupuestaria para favorecer la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto se remitirá ahora a la Junta General para su tramitación.

Medio Ambiente
 
Dado que la autorización de proyectos, planes y programas está sometida a la pertinente evaluación ambiental, para la actividad económica resulta fundamental que el procedimiento se desarrolle ágilmente y con la mayor seguridad jurídica. Por este motivo, la norma define cuándo se entenderá que un proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, principalmente mediante cálculo porcentual. Esta medida eliminará consultas a la Administración, al tiempo que reducirá costes y cargas administrativas.

Por otra parte, el anteproyecto suprime las evaluaciones preliminares de impacto ambiental exigidas por la Ley del Principado 5/1991, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales, por considerar que la legislación básica también asegura la protección en estos espacios.

Respecto a la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación del territorio, además de acortar los plazos de consulta de administraciones e interesados, se determinan los que habrán de someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria y aquellos en los que se procederá a otra simplificada. Así, la norma establece que los estudios de detalle que desarrollen planes generales y hayan sido objeto de evaluación ambiental no precisarán tramitar otra estratégica. 

En esta área, se gestionaron en 2019 en torno a  60 procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas, 100 de evaluación preliminar de impacto ambiental y 200 de otro tipo, entre los que se incluyen, principalmente, consultas de ciudadanos promotores y de departamentos de la Administración que solicitan manifestación de criterio o aclaración sobre supuestos o expedientes concretos. El número de estos procedimientos se reducirá en gran medida y los que permanezcan tendrán menor duración.

Urbanismo
 
Parte importante de la ley se basa en reducir y simultanear trámites en urbanismo y ordenación del territorio. Tras su entrada en vigor, los informes sectoriales (patrimonio cultural, comercio, movilidad y carreteras) preceptivos en la tramitación del planeamiento general se solicitarán en un único trámite ante la consejería competente en materia de ordinación del territorio, que emitirá un informe único en un plazo de tres meses.

Actualmente, el plazo medio de tramitación de los planes generales de ordenación en los concejos que se han adaptado al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Trotu), se sitúa en torno a 6 años y supera los 15 en aquellos que se encuentran ahora en proceso de adaptación. Con la ley, los plazos se acortarían considerablemente y se beneficiarían, actualmente, al menos 29 expedientes de revisión-adaptación de planeamiento general en tramitación.

Además, entre otras medidas, el texto incorpora la declaración responsable para obras menores y suprime la licencia previa de instalación y funcionamiento en diversas actividades comerciales y de servicios. De este modo, con la declaración responsable se podrán ejecutar proyectos como la instalación de placas solares térmicas o fotovoltaicas para autoconsumo, la renovación de instalaciones en las construcciones, movimientos de tierras no significativos o cierres de fincas, siempre que no colinden con suelo de dominio público, con determinadas salvedades.

Tampoco será exigible licencia o autorización previa para obras ligadas al acondicionamiento de locales destinados a actividad comercial, siempre que no requieran de la redacción de un proyecto de obra. En ningún caso están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios.

En esta materia, la gestión administrativa afectada se centra principalmente en los ayuntamientos y comprendería un volumen de procedimientos que suma 10.000 solicitudes de licencias anuales en las administraciones locales. De ellas, cerca del 15% corresponderían a actuaciones que, según la nueva normativa, seguirían estando sometidas a licencia urbanística y el 85% restante, aproximadamente 8.500 solicitudes, podrían incardinarse en alguno de los supuestos que se regulan mediante declaración responsable.

Patrimonio cultural

La ley también implicará modificaciones en patrimonio cultural, con el fin de agilizar la tramitación de autorizaciones y reducir plazos. Asimismo, incorporará aclaraciones que doten de mayor seguridad jurídica los procedimientos. De este modo, se pretende evitar el trámite de autorización previa de Patrimonio Cultural en determinados procedimientos urbanísticos de licencia de obras en entornos de protección de bienes de interés cultural (BIC) y en conjuntos históricos sin plan especial de protección, continuando así la línea iniciada con la modificación, en 2020, del decreto 63/2006, del Camino de Santiago.

También se busca acelerar la tramitación de procedimientos municipales de declaración de elementos en ruina, que serán preceptivos únicamente cuando se trate de BIC y bienes incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural y en un catálogo urbanístico de protección con nivel integral. En este marco, los bienes declarados en ruina con protección parcial y ambiental no necesitarían el informe de Patrimonio Cultural.  

Paralelamente, se contempla evitar el trámite de autorización previa en obras de conservación y mantenimiento de determinados elementos, como hórreos y paneras, lo que contribuirá a evitar el posible deterioro que se produciría durante la espera entre la solicitud de licencia de obras y su concesión.

La media anual de procedimientos gestionados en el periodo 2010-2020 es de 21 autorizaciones en monumentos, 88 en conjuntos históricos, 119 en entornos de protección, 49 en inmuebles incluidos en el inventario y 119 en bienes incluidos en un catálogo urbanístico con protección integral. Además, hay que añadir, en relación con la solicitud de informe en un procedimiento municipal de declaración de la situación legal de ruina, 69 procedimientos en bienes declarados BIC, y 16 en otros con protección parcial y ambiental.

Gestión presupuestaria

El proyecto contiene medidas de supresión de trámites orientadas a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre ellas figuran la incorporación de los remanentes de crédito resultantes a fin de ejercicio que correspondan a créditos financiados a través de fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación; el incremento hasta un millón de la cuantía de los gastos cuya aprobación corresponde a las consejerías, en lugar de al Consejo de Gobierno; la limitación de requisitos para la tramitación anticipada de expedientes de gasto o la flexibilización del calendario de cierre del ejercicio presupuestario.

Refuerzo de la plantilla docente para el próximo curso

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto extraordinario de 11.397.919 euros para el nombramiento de personal docente de refuerzo para el próximo curso, ante las necesidades derivadas de la pandemia.

En total, los fondos permitirán contratar a 392 docentes adicionales. De este modo, el Gobierno de Asturias cumple con su compromiso de robustecer temporalmente los equipos de profesionales para dar respuesta a los retos que plantea la crisis sanitaria.

La partida irá destinada al fortalecimiento de las plantillas en Bachillerato y en Formación Profesional. Además, también permitirá mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales, mediante la incorporación de más profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, con el fin de reforzar los procesos de recuperación y normalización del sistema educativo y minimizar la incidencia de la covid-19 en el aprendizaje y desarrollo de este sector del alumnado.

Los refuerzos de plantilla se financiarán como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la covid-19, concretamente con recursos del Programa REACT-UE. Dichos recursos adicionales de la UE se incorporarán, con una cofinanciación de hasta el 100%, al programa operativo del Fondo Social Europeo del Principado 2014-2020.  

Relevos en la Consejería de Educación

El Ejecutivo ha aprobado en su reunión semanal tres nombramientos para la Consejería de Educación. Así, Miguel Sariego, María Elena Arango y David Artime ocuparán, respectivamente, las direcciones generales de Personal Docente, de Planificación e Infraestructuras Educativas y de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa

Director general de Personal Docente: Miguel Sariego Collada (Gijón, 1973).

Miguel Sariego es diplomado en Magisterio por Educación Física y en Ciencias Empresariales por la Universidad de Oviedo. Desde 2011 ejercía como director del Colegio Público Braulio Vigón de Colunga. En los últimos 20 años ha trabajado como maestro en varios colegios públicos de Cantabria y de Asturias, concretamente en Langreo, Degaña, Cangas de Onís, Gijón, Siero, Villaviciosa y Parres. También ha sido tutor de funcionarios en prácticas y ha completado su formación con cursos sobre metodologías educativas, gestión económica y responsabilidad legal de centros educativos.
 Sariego sustituye en el cargo a José Manuel López Guerrero, a quien el Gobierno de Asturias agradece los servicios prestados.

Directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas: María Elena Arango Castelao (Aller, 1965).

María Elena Arango es diplomada en Profesorado de EGB por la Universidad de Oviedo y funcionaria del cuerpo de maestros desde 2003. En la última década ha ejercido como directora del Colegio Rural Agrupado (CRA) La Marina de Villaviciosa. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en colegios públicos de Avilés, Gijón, Mieres, Valdés, Cangas del Narcea, Gijón, San Martín del Rey Aurelio y León. También ha sido tutora de funcionarios en prácticas, coordinadora de ciclo y coordinadora de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Arango ocupará el cargo que quedó vacante la semana pasada, tras el nombramiento de Lydia Espina como consejera de Educación.

Director general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa: David Artime García (Carreño, 1983).

Licenciado en Psicopedagogía por la UNED, ha cursado el grado de Maestro en Educación Primaria por la Universidad de Salamanca y es diplomado en Educación Especial por la Universidad de Oviedo. Desde 2015 ejercía como director del Colegio Público Llaranes, de Avilés. En 2009 obtuvo plaza en el Cuerpo de Maestros de Castilla y León y desde entonces ha trabajado como especialista en Pedagogía Terapéutica en colegios e institutos de Villablino (León), Oviedo, Cangas de Onís y Teruel. Desde 2019 es embajador del Aula del Futuro del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (Intef). Artime sustituye en el cargo a Paula García Martínez, a quien el Gobierno de Asturias agradece los servicios prestados.

5,2 millones de inversión en Salud

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de más de 5,2 millones para inversiones sanitarias.

Por una parte, ha aprobado la compra de 1.777 camas eléctricas de hospitalización para su uso en centros dependientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa). La partida destinada a esta medida asciende a 4.730.374 euros y se ejecutará entre este año y el próximo.

Por otro lado, ha dado luz verde a la firma de un convenio para el suministro y mantenimiento de la historia clínica electrónica embarcada de atención a las urgencias y emergencias sanitarias. El presupuesto de licitación asciende a 487.742 euros, que se ejecutarán entre este año y 2025. Con esta medida, la Consejería de Salud pretende habilitar un sistema de información clínica que facilite el registro, la consulta y el control de la atención médica urgente que se presta a los pacientes.

Recuperación de la carrera y el desarrollo profesional en el Sespa

El Ejecutivo, a propuesta de la Consejería de Salud, ha aprobado la recuperación de la carrera y desarrollo profesional del personal del Servicio de Salud del Principado (Sespa), suspendidos el 1 de junio de 2010. De esta manera, se revierten las medidas adoptadas por ley, como consecuencia de la crisis económica, para disminuir el gasto público.

Tras este paso, el Sespa publicará las correspondientes convocatorias para el acceso de personal sanitario y no sanitario a los niveles II, III y IV de la carrera y el desarrollo profesional. El Principado reconoce así la dedicación permanente de los empleados públicos al servicio de la ciudadanía, además de su implicación en la mejora de conocimientos y destrezas para el desempeño de su labor.

Cambios en la estructura de las consejerías

El Ejecutivo ha aprobado varios cambios en la estructura de la Administración. Por una parte, ha acordado que la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) pase a depender de la Consejería de Hacienda y, por otro, ha decidido la creación de la Dirección General del Agua en el organigrama de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, donde también pasa a enmarcarse el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada.

Sogepsa

Sogepsa dependerá a partir de ahora de la Consejería de Hacienda, un cambio que facilitará que este departamento se encargue de pilotar los trabajos para buscar la necesaria viabilidad económica y financiera de la compañía. El objetivo inicial del Gobierno de Asturias es alcanzar esta viabilidad, para que, posteriormente, la empresa pase a depender del departamento encargado de las políticas de suelo industrial.

Dirección General del Agua

La creación de esta nueva dirección general es consecuencia de la supresión de la Junta de Saneamiento, prevista en la Ley del Principado 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021. De este modo, tanto las competencias como el personal del extinto organismo pasan a depender de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.

La Dirección General del Agua asumirá la coordinación de las políticas de agua, la planificación hidráulica y la ejecución, mantenimiento y ordenación de infraestructuras de interés regional relativas al ciclo integral del agua. Este nuevo departamento se estructura en tres servicios: uno dedicado a la planificación hidráulica y al control de la calidad de las aguas, otro a los proyectos y obras de abastecimiento, saneamiento y depuración, y el tercero a la gestión, mantenimiento y explotación de las infraestructuras hidráulicas.

Instituto de Administración Pública Adolfo Posada

La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático asume la competencia en materia de selección y formación de empleados públicos al incorporar en su estructura al Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, que hasta ahora dependía de la Consejería de Presidencia.

7.000 euros para el Festival Danza Xixón/Gijón 

El Gobierno de Asturias aportará 7.000 euros para la financiación del Festival de Danza Xixón/Gijón a través de un convenio suscrito entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo y la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. La partida del Principado está destinada a financiar cuatro  actividades del programa: Espacio Tono, de Ignacio Cárcaba; Shoal, de Dana Raz; Aupapa, de Zigzag Danza; y El último día de invierno, de Alejandra Tassis.