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Acuerdos del Consejo de Gobierno

20/02/2020 - Acuerdos del Consejo de Gobierno

El Gobierno de Asturias agiliza el salario social con la aplicación de la declaración responsable, que reduce trámites y plazos.
  • La Consejería de Derechos Sociales reforzará con 17 personas más a partir de mayo el servicio de revisión de las solicitudes.
  • El Ejecutivo aprueba las medidas necesarias para aplicar la subida salarial del 2% a los empleados públicos este mismo mes.
  • El Principado acuerda el pago de la carrera profesional al personal interino y un complemento para la plantilla de Justicia.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de las medidas puestas en marcha para agilizar la tramitación del salario social, una de las prioridades de su departamento. Entre tales iniciativas destaca la aceptación de la declaración responsable, que acortará sustancialmente los plazos.

Con la declaración responsable, las personas solicitantes del salario social afirman que cumplen todos los requisitos para acceder a la prestación. De este modo, el expediente se inicia de inmediato. A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, la comprobación se hará a posteriori. La aplicación de esta medida comenzará a partir del 2 de marzo, fecha en la que estarán disponibles los nuevos modelos de declaración responsable en todos los centros de servicios sociales municipales y para la ciudadanía en general.

Se estima que esta medida tendrá un impacto directo en alrededor de las 2.500 personas que, de media, comunican altas y bajas en prestaciones por desempleo y contratos temporales al año, así como en las personas solicitantes que declaran no percibir ingreso alguno.

La declaración responsable es sólo una de las decisiones adoptadas por la consejería para acelerar los trámites y reducir la lista de espera del salario social. Así, a partir de mayo se fortalecerá el servicio de revisión con 17 empleados públicos más y se dará prioridad a aquellos relacionados con altas y bajas de contratos laborales o relacionados con la formación o el empleo. El objetivo es evitar que el acceso al mercado laboral, sea transitorio o permanente, provoque demoras en la prestación. Otra de las metas que se ha fijado la consejería es impulsar la reincorporación de los beneficiarios de esta prestación al mercado laboral a través de medidas vinculadas a la economía verde y el cuidado de las personas.

Melania Álvarez ha subrayado que agilizar la gestión es una “prioridad indiscutible”. Aunque los datos de 2019 muestran una tendencia a la baja en la demanda del salario social, la consejería está impulsando medidas concretas para atender a todos los beneficiarios y “no dejar a nadie atrás”. De hecho, en diciembre la lista de espera se había reducido un 33% (de 1.327 solicitudes a 888). Además, el número de nuevas peticiones también había disminuido: 57, frente a un promedio de 246 de los meses anteriores.

Las perspectivas para este año apuntan a que esa tendencia a la baja continúe. El presupuesto consigna un crédito inicial de 116.750.000 euros que permitirá atender a unas 22.000 familias. En 2019, la partida destinada a esta prestación fue de 120,7 millones.

El desarrollo de la agenda social está marcando las reuniones del Consejo de Gobierno desde el inicio de año. El 24 de enero, la titular de Derechos Sociales informó de la ampliación hasta 700 euros mensuales de las ayudas a las familias que acojan a menores. Y más recientemente, la pasada semana, el Ejecutivo ratificó el acuerdo que determina los servicios y programas susceptibles de ser prestados por las entidades del tercer sector, un trámite necesario para aplicar la Ley de Acción Concertada, aprobada en marzo de 2019.

 

Mejoras para los empleados públicos

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde al incremento retributivo del 2% para el personal público del Principado, al que se podrá sumar un aumento del 1% a partir de julio si el Producto Interior Bruto de 2019 alcanza el 2,5%. Esta mejora beneficiará a 36.907 trabajadores de la Administración autonómica y es la máxima permitida en los Presupuestos Generales del Estado.

La medida tendrá un coste de 35,84 millones, sin incluir posibles subidas posteriores y se hará efectiva en las nóminas de febrero. El aumento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

Además del incremento general, también se ha aprobado, entre otros, estos cambios:

  • El pago de la carrera profesional al personal interino.
  • El tercer tramo del complemento específico transitorio, aplicable a la plantilla de Justicia. El aumento asciende, una vez actualizado, a 173,75 euros al mes y su coste anual suma 379.634 euros.
  • El importe del complemento de productividad a abonar en caso de sustituciones verticales, aquellas en puestos superiores a la categoría de los empleados: reiteradas sentencias judiciales están condenando a las administraciones públicas no solo a abonar las diferencias de sueldo sino además las diferencias de pagas extraordinarias. El coste estimado es de 15.025 euros anuales.

El Ejecutivo ha autorizado, además, la modificación parcial de la relación y el catálogo de puestos de trabajo para adecuarlos a las necesidades funcionales de determinadas consejerías como Educación y Derechos Sociales y otros organismos públicos. En total, se propone la transformación de 15 puestos de trabajo, la creación de otros 12 de personal laboral y la amortización de 15 plazas vacantes, lo que resulta una reducción neta de tres plazas y un ahorro de 5.154,45 euros.

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