• Esta norma será el principal instrumento jurídico para la prevención y control de las actividades contaminantes
• Los nuevos procedimientos permiten sustituir el trámite de licencia ambiental previsto en el reglamento de actividades molestas y promueven la declaración responsable

• El Principado financia íntegramente la figura de agentes delegados y delegadas de igualdad en las empresas, con una subvención global de 174.000 euros para Fade, UGT y CC.OO.
• Eva Ledo, nombrada presidenta del Consejo de Asturias de la Formación Profesional

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Calidad Ambiental, que persigue compatibilizar la protección del medio ambiente con la simplificación de procedimientos administrativos, con el fin de favorecer el desarrollo económico.

La norma, elaborada por la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, que ahora se remitirá a la Junta General para su tramitación, se convertirá en el principal instrumento jurídico para la prevención y control de la calidad ambiental. De este modo, fija los fines y principios a los que quedan sujetas las actividades económicas, tanto en instalaciones públicas como privadas.

Esta legislación permitirá evaluar los posibles efectos negativos de proyectos y actividades en el medio ambiente, por lo que implanta medidas preventivas y correctoras para minimizar su impacto. Así, teniendo en cuenta la necesidad de hacer frente a inversiones, transformaciones y reformas estructurales que permitan un sistema económico más resiliente tras la pandemia, la ley permitirá mayor agilidad en la puesta en marcha de las actividades, al tiempo que mantendrá las garantías y controles que exige el marco comunitario.

Tres tipos de intervención administrativa

En función de la potencial incidencia ambiental de las actividades, la norma establece tres tipos de intervención administrativa:

• Las actividades e instalaciones de mayor incidencia ambiental, a las que se les aplica la ley estatal de prevención y control integrados de la contaminación, seguirán sometidas al régimen de la autorización ambiental integrada ordinaria, por motivos de protección y, por tanto, de interés público. Este régimen afecta en la actualidad a cerca de 90 grandes instalaciones en Asturias, que ya cuentan con esta autorización.
• Para las actividades con moderada incidencia sobre el medio ambiente y que requieren de uno o varios permisos ambientales sectoriales, ya sea porque producen emisiones, generan vertidos o tratan residuos, se establece el régimen de la autorización ambiental integrada simplificada. Este novedoso instrumento reúne en una única autorización autonómica las diferentes autorizaciones ambientales sectoriales. Aplica, pues, principios de simplificación, racionalización y cooperación entre administraciones públicas.
• En el caso de proyectos con incidencia ambiental mínima, se opta por la fórmula de la declaración responsable, que permite al titular iniciar su actividad de forma inmediata, sin necesidad de autorización o de otro acto administrativo previo, que se sustituye por el control posterior. De este modo, se compatibiliza la protección medioambiental con la simplificación y agilización de los trámites administrativos. Este régimen será el único de competencia de los ayuntamientos. La declaración responsable ambiental afectará a numerosas actividades económicas, como talleres de reparación de vehículos (sin cabina de pintura), gasolineras, carpinterías metálicas o de madera, hostelería, antenas de telefonía, garajes o ganaderías, entre otras.

Los dos últimos procedimientos –la autorización ambiental integrada simplificada y la declaración responsable ambiental- sustituirán el trámite de licencia ambiental de actividades clasificadas previsto en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Anualmente, se tramitan en torno a 500 solicitudes de licencia ambiental. De esa cantidad, unas 50 serían objeto de la nueva autorización ambiental integrada simplificada. El resto quedarán sometidas a la declaración responsable ambiental, que tramitará el ayuntamiento donde se ubique la instalación o actividad.

Las nuevas formas de intervención administrativa pretenden compatibilizar la protección medioambiental con la simplificación administrativa. Para ello, la ley confiere relevancia a los principios de información mutua, cooperación y colaboración entre administraciones. Asimismo, incorpora instrumentos voluntarios para la mejora de la calidad ambiental y lucha contra el cambio climático, como el fomento de los sistemas de gestión medioambiental o el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono. También recoge medidas de impulso de buenas prácticas en ecoinnovación y economía circular, mediante herramientas como la compra pública verde o el apoyo a la investigación y la educación ambiental.

La norma prevé, además, la creación del Consejo de Medio Ambiente como órgano consultivo y de participación que permita favorecer la colaboración de las administraciones públicas y los agentes económicos, sociales e institucionales.

En el proceso de tramitación pública se han atendido cerca de 190 cuestiones presentadas por 19 alegantes.

Apuesta por la igualdad en las empresas

El Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Dirección General de Igualdad, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos UGT y CC.OO. para continuar apoyando este año la figura de agentes delegados y delegadas de igualdad en las empresas. Esta iniciativa está financiada íntegramente por el Principado, con 174.000 euros, distribuidos del siguiente modo: 87.000 euros para Fade y sendas partidas de 43.500 para UGT y CC.OO. Se trata de una pieza clave en la estrategia contra la desigualdad económica que impulsa el Ejecutivo autonómico.

La incorporación de la figura de agentes delegados y delegadas de igualdad en la empresa es fruto de la negociación del Gobierno del Principado con los agentes económicos y sociales en la Mesa de Igualdad, prevista en el acuerdo de concertación social por primera vez en 32 años, como una apuesta clara para detectar y corregir las situaciones de desigualdad y la brecha salarial, que se mantiene alta pero ha descendido 5 puntos en Asturias en el último año.

Con esta figura se pretende incidir en la aplicación efectiva de la igualdad de mujeres y hombres en las empresas, tanto en la equiparación retributiva como en el fomento de entornos de trabajo libres de violencia y situaciones de acoso sexual por razón de sexo.

Los delegados y delegadas iniciaron su actividad el año pasado con visitas a 58 empresas del sector servicios. De esas inspecciones se desprenden ya algunos datos: el 53% de las compañías contaba con un registro retributivo, el 35% estaba en proceso de negociación de un plan de igualdad, el 82% aún no había aprobado ese plan y el 28% no contaba con protocolo de prevención de acoso sexual.

Eva Ledo, nueva presidenta del Consejo de Asturias de la FP

El Consejo de Gobierno ha nombrado presidenta del Consejo de Asturias de la Formación Profesional a Eva Ledo Cabaleiro.

Eva Ledo (Avilés, 1966) es ingeniera industrial especializada en Electricidad. Ha sido directora general de Personal Docente y jefa del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.

Desde 1995 es funcionaria de carrera del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en las especialidades de Tecnología y Sistemas Electrónicos y Automatismos y forma parte del cuerpo de Inspectores de Educación desde 2014. Previamente había trabajado en los ámbitos de la siderurgia, la informática y la ingeniería de proyectos.