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Presentación del proyecto de presupuestos para 2022

En esta comparecencia en la que daremos cuenta del proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para el año que viene, me acompañan Paula Álvarez Herrera, directora general de Gestión de Derechos Sociales; Fermín Bravo Lastra, director general de Vivienda, y Ana María Suárez Guerra, directora gerente del ERA.

 

Un proyecto de presupuestos que, pasado el ecuador de la legislatura y en un nuevo escenario de gestión de la crisis sanitaria, nos permite no solo consolidar las políticas sociales afianzando el cuarto pilar del Estado de Bienestar, sino avanzar en la transformación del sistema asturiano de servicios sociales. Una transformación apoyada en reformas estructurales llamadas a garantizar su sostenibilidad y a dar respuesta a las nuevas expectativas sociales.

 

En este preciso momento, tenemos también en cuenta dos elementos fundamentales que impactan directamente en la gestión presupuestaria de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar en el próximo ejercicio:

 

En el ámbito normativo la aplicación de dos leyes,

• Por un lado, la de acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social,
• Por otro, la ley de garantía de derechos y prestaciones vitales.

Y en el contexto de desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la gestión de fondos europeos vinculados a los componentes 2, 22 y 23.

 

Sin duda, 12 meses los que tenemos por delante que serán además, en este contexto de transformación de calado, prueba de fuego para la capacidad gestora del sistema asturiano de servicios sociales. No duden ni un segundo, estaremos a la altura.

Llegamos aquí con una ejecución del presupuesto de 2021 que, a fecha 13 de diciembre presentaba un 95,35 por ciento en fase de autorización, y un 81,66 por ciento en obligación, porcentajes de ejecución que vienen a demostrar que, aún en un contexto contenido, pero de crisis sanitaria, hemos sido capaces de mantener el ritmo en la gestión del sistema asturiano de servicios sociales.

 

Quiero destacar aquí el compromiso y el esfuerzo del conjunto de profesionales que dan vida a un sistema que mira cada día a los ojos de quienes más esperan de nosotros y de nosotras, porque sin ellos, sin ellas, la vida de miles de asturianos y asturianas sería más complicada, si cabe.

 

Este es el marco en el que movilizaremos 482.696.210 euros, casi 15 millones más que en 2021, que continúan situando la atención a las personas en el centro de nuestra acción política.

 

Precisamente, sin perder de vista el alma de este presupuesto: las personas, me acercaré al detalle de las políticas a las que da soporte, porque efectivamente los presupuestos tienen que ser la traducción clara de políticas, la traducción de que como vengo reiterando en esta cámara nos permite asumir el lema de: a cada compromiso, una acción.

 

En este caso tanto los compromisos como las acciones tienen reflejo presupuestario claro.

 

Comenzaré con el reflejo presupuestario del compromiso del presidente con una de las medidas llamadas a afrontar el reto demográfico: la incorporación de 4.595.000 euros destinados a la puesta en marcha de una línea de apoyo a la natalidad a través de ayudas directas de 1.000 euros por nacimiento o adopción a unidades familiares cuya renta no supere los 45.000 euros.

 

Si recuerdan la primera vez que apelamos en esta misma sala al lema que nos motiva, lo hacíamos al tiempo que mostrábamos nuestra preocupación por la situación en la que se encontraban miles de personas dependientes en Asturias, meses y meses de espera que pasaban en la mayoría de los casos del año y medio.

 

Hoy, dos años después de la puesta en marcha del plan de choque en dependencia, nos encontramos con un balance que nos permite afirmar que la agilización y las mejoras de gestión de las valoraciones y los planes individualizados de atención (que salvo excepciones se resuelven ya en plazo), han tenido una correlación directa con la eficiencia en la gestión presupuestaria, lo que nos abre paso a que, en 2022 vayamos a atender mejor a más personas. Con lo cual doble misión cumplida.

 

Una misión que en relación con la promoción de la autonomía y la atención a las personas dependientes movilizará en 2022 el 57 por ciento del total del presupuesto de la consejería alcanzando los 274.943.401,35 euros, 76.580.257 euros más que en 2019.

 

El año que viene por tanto, llegaremos a atender a 2.400 personas más y lo haremos incrementando más de un 15 por ciento la aportación a la gestión del servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia, alcanzando los 26,5 millones de euros, desplegando además el Programa ImpulSAD.

En este ámbito, afrontamos también un salto cualitativo destacable, el relacionado con las prestaciones económicas vinculadas a servicios a las que se destinarán 47.800.000 euros. Un salto cualitativo relevante que tendrá un impacto directo en la mejora de las condiciones en las que acceden a estas prestaciones las 3.500 personas beneficiarias.

Les pondré dos ejemplos:

 

El primero refleja nuestro compromiso con el desarrollo de la prestación económica para asistencia personal.

 

A una persona con grado III que tiene contratado un asistente personal y una capacidad económica superior al Iprem mensual (564,90 euros) le aumentará la prestación económica para ese asistente personal de los 572,06 euros que recibe actualmente a 858,08 (286,03 euros más por mes).

 

El segundo deja clara nuestra prioridad, atender a las personas y facilitar el acceso a los recursos y servicios que demandan. De ahí que, a una persona con grado II que acude a un centro de día privado, con una capacidad económica mensual de 1.000 euros, le vaya a aumentar la prestación económica vinculada a servicio de centro de día de 170,45 a 298,28 euros (127,84 euros más por mes). Si el centro de día tiene un precio medio de 700 euros, tendrá que abonar de su bolsillo 401,7 euros. La financiación pública alcanza el 42% del precio de la plaza privada.

 

Organismo autónomo ERA

 

Al hilo de los elementos cualitativos que aportan valor a este proyecto de presupuesto centrado en las personas, profundizaré en las cifras del Organismo Autónomo ERA. Sin olvidarnos de que gestiona espacios de especial vulnerabilidad, donde las personas mayores han sufrido de manera especial el impacto de la pandemia, el organismo autónomo sigue avanzando en el marco fijado como objetivo desde el inicio de la legislatura. Un marco de calidad, de seguridad, de buenas prácticas y de respeto a los deseos de las personas que viven en cada uno de los centros.

 

Este proyecto de presupuesto recoge para el ERA un presupuesto de 164.608.370 euros. Sin duda el reflejo del compromiso de un esfuerzo inversor que se traduce en un incremento de casi el 22% respecto al aprobado para 2019, y del 5,75 respecto al ejercicio anterior.

 

Destaca el aumento de inversión en capital humano, con un 4,2% más que en 2021 que lleva el capítulo 1 a ocupar más del 45% del total del presupuesto.

 

Del mismo modo, hay un incremento del 2,23% en gasto de bienes corrientes y servicios.

 

En 2022 se recoge una apuesta muy importante por el capítulo de inversiones reales, con un total de 6.349.253 euros. Es en este capítulo donde se sustenta la gestión de los fondos europeos y donde destacan varios proyectos que el Organismo Autónomo ERA va acometer en el futuro.

• Por un lado, con una inversión prevista en 2022 de casi 2,5 millones de euros vinculada al Plan de Impulso a la recuperación de Edificios Públicos (PIREP) está la rehabilitación integral de la fachada del CPR de la Mixta, en Gijón donde, además de una mejora a nivel urbanístico, se podrá conseguir al menos una reducción del 30% del consumo de energía en el edificio, lo que implicará un gran beneficio y mejora en el bienestar y calidad de vida de los y las residentes.
• Por otro lado, y en el marco de la implantación del nuevo modelo de cuidados de larga duración, se llevarán a cabo una serie de intervenciones en estructuras ya existentes, a corto y medio plazo. 2.570.000 euros destinados a los centros de Arriondas, Valentín Palacio en Siero, Santa Teresa en Oviedo, La Mixta en Gijón y la residencia de Infiesto, donde iniciaremos el camino para habilitar un total de 11 unidades de convivencia que darán respuesta al compromiso que ha adquirido esta consejería de desarrollar modelos adaptados a la amabilidad y calidez que deben de tener los espacios donde las personas desarrollan su vida.  

 

Además, abriremos las puertas a esta línea de actuación renovadora, procurando dejar atrás modelos de convivencia clásicos en los nuevos centros. Por eso la residencia de Cangas del Narcea será adaptada en su totalidad al nuevo modelo. Aseguraremos un porcentaje alto de habitaciones individuales, espacios adaptados a las necesidades y deseos de las personas, y una nueva cultura de relación en la asistencia y el cuidado.

• Asimismo, el ERA no olvida la necesidad de poner en marcha proyectos de innovación, por eso, se financiará instalación de red wifi en todos los centros, con un pilotaje previo en el nuevo centro de Lugones. Se pondrá en marcha un sistema para la protección de las personas con riesgo en la deambulación, se llevara a cabo un estudio de necesidades para la mejora de la accesibilidad, y en colaboración con la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital habrá una renovación del parque tecnológico.

 

El presupuesto del ERA es reflejo de la apuesta decidida que hace el Gobierno del Principado por los servicios públicos y el cuidado de larga duración. Además de todos estos proyectos, seguiremos trabajando en la monitorización de los datos que vayamos obteniendo a través de los indicadores que ya estamos implantando, trabajaremos la gestión del riesgo y la seguridad con la participación de profesionales, residentes y familias, potenciaremos la formación y la investigación, desarrollaremos la coordinación con otros sectores, y con todo ello caminaremos la mejora continua, para que los centros públicos donde viven personas mayores, sean espacios donde a todos y a todas nos gustaría vivir.

 

Inclusión social

 

Apuntaba al inicio de esta intervención al reto demográfico y me centraré ahora en el reto de la inclusión social, sin duda una de las prioridades de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar sobre el que compartimos preocupación con ustedes y sobre el que actuaremos el año que viene en el marco de dos hitos importantes llamados a fortalecer el sistema de protección social en Asturias:

• La  aprobación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales
• La convivencia con el ingreso mínimo vital.

 

La entrada en vigor de esta ley en 2022 y el proceso de transición hacia el Ingreso Mínimo Vital de parte de las personas beneficiarias serán piezas clave en la creación del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

 

Este sistema encuentra su pieza angular en el salario social básico, buque insignia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Asturias que hoy convive con el ingreso mínimo vital. 16 años después de su puesta en marcha estamos plenamente centrados en garantizar la plena efectividad del doble derecho que tienen las personas beneficiarias, para ello mantenemos un esfuerzo inversor de 58 millones de euros para hacer frente a las prestaciones económicas, 24 menos que en 2021, y redoblaremos los esfuerzos en la dinamización de las medidas de incorporación laboral, sin duda, de las mejores recetas para apoyar a quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad económica y social.

Aún en pandemia ya saben que hemos estado inmersos en esta tarea y tres momentos concretos son la prueba:

• Decreto de modificación del Reglamento del Salario Social Básico, para agilizar el procedimiento, establecer incentivos al empleo y regular la coexistencia con el Ingreso Mínimo Vital, hemos reforzado la colaboración con otros organismos para el control de la prestación (TGSS, INSS, Ministerio del Interior), así como con el Sepepa para la adopción de medidas de incorporación laboral.
• Coordinación sociolaboral: en este punto la política de incorporación laboral de los perceptores de SSB gira en torno a 3 proyectos de interés social en tres ámbitos estratégicos:
• En el ámbito de la sostenibilidad ambiental.
• En el campo de la construcción y la rehabilitación.
• En el ámbito de los cuidados de larga duración en el domicilio.

En la actualidad, los dos primeros son una realidad y se han materializado ya en la suscripción de sendos convenios de colaboración entre la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, el Sepepa y el Grupo Tragsa con fecha 19 de julio de 2021 y la Fundación Laboral de la Construcción el reciente 13 de septiembre.
 
El tercero está en plena negociación en el ámbito del Programa ImpulSAD con las principales empresas del sector, aunque ya se puede anticipar que el mismo ha tenido una buena acogida, así que su firma es algo inminente también.

• Colaboración interadministrativa y con entidades sociales: proyecto Xeitu financiado por la Comisión Europea con 1,3 millones, llamado a activar específicamente a las personas más alejadas del mercado de trabajo con un enfoque individualizado en el que participarán los concejos de Gijón, Mieres y Tineo y contará con la participación de entidades sociales.

 

Conscientes de la implicación de las entidades del tercer sector  en las políticas de inclusión, se prevé un incremento del 25 por ciento de la línea de programas de inclusión social, que llega a situarse en los 300.000 euros.

 

La experiencia que nos ha aportado el trabajo realizado nos permite dar al frente un paso decisivo, también respecto a la lucha contra la brecha digital en las personas en riesgo de exclusión social y en el marco de gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia desarrollaremos un proyecto piloto, Conect-AS, en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante 2022 y 2023, que contará el año que viene con una inversión de 3,5 millones de euros.

 

El compromiso del Gobierno de Asturias con la inclusión social y la atención a las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad es claro, como lo es el de la mayoría de los grupos parlamentarios que respaldaron la aprobación de una ley pionera como es la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales que, como les decía comenzará a aplicarse en Asturias en el segundo semestre de 2022 y cuya entrada en vigor movilizará 78.413.766,33 millones de euros.

 

Discapacidad y acción concertada

 

Al hilo de la aplicación de normativa reciente, haré referencia a la Ley de Acción Concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios, un desarrollo negociado con el conjunto de entidades que garantizará el abono del coste real del servicio y que supone un incremento de 5 millones respecto al acuerdo marco vigente hasta la fecha, lo que elevará hasta los 33,3 millones la partida para recursos de alojamiento y centros de apoyo a la integración durante 2022.

 

El compromiso de la consejería con las personas con algún tipo de discapacidad es claro como el agua y firme como una vela, de hecho encuentra reflejo presupuestario concreto e incrementado respecto al presente ejercicio:

• Aumento del 25% en la convocatoria de ayudas individuales a este colectivo, que alcanza los 387.500 euros.
• Se prevé una inversión de 300.000 euros para la puesta en marcha de las oficinas de vida independiente.
• Como ya señalé se incrementa en un 50 por ciento la prestación vinculada a la figura del asistente personal.
• Se mantienen todas las subvenciones nominativas de las entidades vinculadas a la discapacidad que ascienden a casi un millón.
• Creamos un premio de deporte inclusivo dotado con 6.000 euros.

 

Dejo para el final el reflejo presupuestario del compromiso de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar con las miles de personas que están esperando el reconocimiento de su grado de discapacidad.

 

A todas ellas me dirijo con un mensaje muy claro: fuimos capaces de doblegar las listas de espera en dependencia y pondremos en marcha todas las medidas necesarias para revertir la situación que atraviesan los centros de valoración en Asturias.

Conscientes de la saturación del sistema sanitario y de la falta de perfiles médicos que se incorporen a esta tarea, hemos presupuestado 300.000 euros para licitar la valoración de los expedientes de discapacidad y aligerar de esta forma las listas de espera.

 

Compromisos altos y claros respecto a los que no deben tener ninguna duda porque cumpliremos.

 

Fasad

También en este ámbito, la aportación de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a la Fundación FASAD se sitúa en los 8.396.382 euros experimentando un incremento del 17% que se fundamenta principalmente en:

• La puesta en marcha del Centro La Magdalena, donde actualmente ya se han ubicado las personas que estaban en el recurso denominado Piso tutelado El NODO  y a las que se sumarán 21 plazas más tanto en la modalidad de estancias temporales como permanentes.
• El refuerzo de la gestión ordinaria de las 525 personas tuteladas por la Comunidad Autónoma imprescindible a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

Infancia
 
Ya en el ámbito de las políticas de atención a la infancia y la adolescencia, tanto la aplicación de ley de Acción Concertada como la de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales encuentran traducción presupuestaria.
 
El paso del acuerdo Marco al modelo de Acción Concertada supone un incremento de un 8,6 por ciento para situarse en los 13.702.216 euros y resulta también relevante el incremento en más de 600.000 euros de la partida destinada al apoyo al acogimiento de menores, prioridad de la consejería en esta materia que, encuentra además soporte en la aplicación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
 
Cobra especial relevancia en este ámbito el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que nos permitirá avanzar de manera significativa en:

• La inversión en infraestructuras de rehabilitación de los centros de menores existentes para su adecuación a unidades de convivencia y la creación de nuevos dispositivos residenciales enfocados a la transición a la vida adulta, alcanzando un total en 2022 de más de 2 millones de euros.
• La potenciación del modelo de acogimiento familiar.
• La renovación o dotación de equipamiento informático
• La formación para la alfabetización y capacitación digital positiva dirigida a centros residenciales y familias de acogida.

Modelo de cuidados
 
A estas alturas de comparecencia he hecho mención del reto demográfico y del reto de la inclusión social y llego ahora al reto de transformación del modelo de cuidados de larga duración, un reto colectivo que este proyecto de presupuestos sitúa como eje en las políticas de promoción de la autonomía y atención a la dependencia.
 
Este reto fundamental para la sociedad asturiana estará acompañado de inversiones. Hemos señalado en otras ocasiones lo complejo de un proceso costoso con visión a medio y largo plazo que, tiene que empezar a dar pasos firmes, de ahí que parte de los fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, casi 10 millones de euros, vayan a destinarse directamente a reforzar este proceso de la mano además, de las entidades locales, las entidades del Tercer Sector y el sector privado.
 
Casi 10 millones que, entre otras actuaciones, nos permitirán en 2022 afrontar obras de adecuación al modelo de atención centrada en la persona de los centros residenciales para personas con discapacidad dependientes de la consejería, así como de la Fundación Fasad y también como ya he señalado, en centros del ERA.
 
Como ven, estamos ante una oportunidad, la de avanzar en sentar las bases de este nuevo modelo de cuidados de larga duración y no tengan ninguna duda de que avanzaremos.
 
Vivienda
 
Un avance que se sentirá igualmente en la política de vivienda, donde aún todavía sin incorporar el total de fondos que gestionará a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ni la aportación que determinará el futuro Plan de Vivienda estatal, proyectamos un presupuesto que se incrementa un 7,46 por ciento situándose en los 39.465.130 euros.
 
La nueva llegada de los Fondos vinculados a este mecanismo obliga a reconfigurar la estrategia de la política de vivienda, alineada con las prioridades europeas para orientarla principalmente a la rehabilitación energética de las viviendas y la promoción de vivienda social y asequible. Todo ello sin olvidar la política propia asturiana de garantizar el derecho de acceso a la vivienda  a las personas más vulnerables.
 
En este escenario destacaré:

• Continuidad en los programas de ayudas de rehabilitación de eficiencia energética de edificios que con tanto éxito se están desarrollando en nuestro territorio. Estos programas tendrán reflejos presupuestarios plurianuales (3-4 años), no sólo en el presupuesto 2022.
• En 2022 se publicará la convocatoria para que los ayuntamientos asturianos presenten sus iniciativas de actuaciones integrales a nivel de barrio. Tendrá una dotación presupuestaria de unos 25 millones y su reflejo presupuestario también será plurianual.
• Impulso de la vivienda social pública. Como ya se mencionó, aprovecharemos los Fondos MRR para incrementar nuestro parque público de alquiler. A lo largo del primer semestre de 2022 conoceremos la primera asignación económica para Asturias y con ello planificaremos y comprometeremos actuaciones con el Ministerio, por tanto, en cuanto a ejecución de gasto no tiene reflejo en 2022.
• Impulso de la vivienda asequible en colaboración público-privada. Al igual que el punto anterior, en el primer semestre de 2022 conoceremos la asignación para Asturias y planificaremos y comprometeremos actuaciones con el Ministerio, por tanto, tampoco tiene reflejo presupuestario en 2022.
• Continuidad con las ayudas al alquiler y accesibilidad. En este sentido dependeremos mucho de la fecha de aprobación del futuro Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y de la firma de convenio entre Ministerio y CCAA para poder iniciar su ejecución. En este sentido, pondremos nuestra mayor agilidad administrativa y colaboración para poner en marcha en Asturias el nuevo Bono de alquiler joven y el Seguro de alquiler joven, que anunció en las últimas semanas el Gobierno de España y que se operativizará a través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y que estamos seguros darán un impulso a la emancipación juvenil en nuestra región.
• Ejecución de los ARRU rurales. Antes de fin de año 2021 se firmarán otras 19 actuaciones de ARRU rural con otros tantos municipios, suponen el 39% de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Es el mayor número de este tipo de actuaciones en la historia de Asturias. Suponen 2,8 millones de ayudas públicas para una inversión global en estos 19 pequeños municipios de 8,2 millones y la previsión de mejorar más de 330 viviendas y sus entornos de urbanización. Esta ejecución tendrá reflejo presupuestario de gasto en 2022 y 2023.
• Derecho a una vivienda para los colectivos vulnerables. Mantenemos intacto el compromiso de los últimos años, 2,6 millones de euros para actuar de forma inmediata y con agilidad sobre las viviendas desocupadas de nuestro parque público, para ponerlas a disposición del derecho a vivienda de las personas más vulnerables. Estimamos seguir con los ritmos de adjudicación de los últimos años, es decir, 450 nuevas adjudicaciones de viviendas públicas a lo largo de 2022.

 
Llego al final de esta comparecencia refiriéndome específicamente a la gestión de los fondos europeos, sin duda un reto que, sobre todo en este primer ejercicio, quizá les haya llevado a encontrarse con un galimatías presupuestario. Intentaré ser clara y concisa para que puedan hacerse una idea de cómo vamos a organizarnos y del porqué de las cantidades que aparecen y de las que no aparecen en el proyecto de presupuestos.
 

En nuestro caso, bajo la coordinación de la dirección general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social, nos centraremos en el componente 2 (Implementación de la Agenda Urbana española: plan de rehabilitación y regeneración urbana) el componente 22, relativo (Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión) y el componente 23 (Nuevas políticas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo).

 

Su desarrollo e implementación que deberá de finalizar en 2026, sin perjuicio de que la financiación vaya llegando en tres ejercicios presupuestarios, exige el cumplimiento de una serie de hitos y de objetivos que obligan, no sólo a llevar a cabo la consecución de una correcta gestión presupuestaria, sino también a la aprobación de cambios normativos relevantes para materializar las exigencias y el cumplimento de los acuerdos adoptados por parte del Estado Español con la Comisión Europea, en nuestro caso, las reformas estructurales a las que hacía mención al inicio de mi intervención y que les detallé en la comparecencia específica relativa a la gestión de estos Fondos.

 

Desde la consejería trabajamos en esos dos frentes, la incorporación y el posicionamiento presupuestario de la financiación correspondiente a cada componente y el análisis de la normativa actualizada de referencia que nos permita materializar la ejecución de los fondos a través de los instrumentos jurídicos necesarios, tanto normativos como de otra índole.

 

Para el ejercicio 2022 hemos incorporado parte del crédito previsto para la anualidad 2021, ya que será durante el próximo año cuando arranque la ejecución de los diferentes proyectos, tal y como se señala en los hitos fijados en el convenio.

 

Al hilo de la concreción de la normativa de gestión aplicable en este caso será, bien a través de subvenciones directas o bien de naturaleza competitiva, como nos relacionemos tanto con las  Entidades Locales que, como saben participarán al menos en un 15 por ciento de la gestión del gasto, como con las entidades del tercer sector y con el sector privado.

 

Ahora sí, concluyo ya la presentación de un proyecto de presupuesto con alma que, no pierde de vista los compromisos que asumimos y que va más allá de las cifras para soportar desde el punto de vista económico reformas estructurales de calado llamadas a transformar el sistema asturiano de servicios sociales. Un proyecto nuevamente dialogado y sin duda, a la altura de las necesidades de los asturianos y las asturianas.

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