Siempre es un honor estar en esta casa, la Junta General del Principado, y más en el marco incomparable de reflexión sobre el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Asturias que, como recordarán, fue aprobado a finales de 1981 y entró en vigor a finales del mes de enero de 1982.

Varias consideraciones previas:

• La Junta General es, según nuestro Estatuto de Autonomía, la representación del pueblo asturiano. De esa representación y de la confianza de la Cámara, nace la investidura de un presidente del Principado. Nuestro Parlamento toma su nombre, no lo olvidemos, de una institución secular de nuestra tradición histórica y política.
• Afrontamos este debate contando con la presencia de los presidentes del Principado que gobernaron en las tres primeras legislaturas, autores, por tanto, de la construcción real de nuestra autonomía política y también, de algunos de los elementos que definen la mejor Asturias.
• Finalmente, quiero tener un recuerdo especial para un presidente que, si viviera, hoy estaría aquí: Vicente Álvarez Areces, Tini, fallecido tal día como hoy, hace tres años.

Pues bien, estamos en la Junta General para abordar los 40 años del Estatuto de Autonomía y, en mi caso, para hablar de cogobernanza. Un concepto de innegable actualidad pero que, veremos, no es del todo nuevo. Un concepto que hemos de enmarcarlo hoy bajo el prisma de dos realidades de contexto: la peor pandemia en un siglo y un decidido compromiso del Ejecutivo que presido, avalado por el refrendo electoral del año 2019, para proponer una reforma de nuestro Estatuto.

Tomemos los dos conceptos de partida e introduzcamos uno más, latente en ambos: el cambio. Reforma estatutaria y pandemia aluden a tiempos de cambio. Si, como decía Francis Bacon, “en materia de gobierno todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar”, admito la sospecha, pero permítanme el ventajismo de transformar esa sospecha en oportunidad.

Allí donde los visionarios de la sombra anticipan el desastre, yo solo vislumbro la opción de acometer transformaciones que redunden en el progreso de Asturias. Con ese espíritu nos presentamos a las elecciones de mayo de 2019, con el propósito de cambiar a través de la esperanza y de la ilusión, como motores de ese cambio.

La pandemia es el paradigma. Ha aparejado cambios sustanciales, ha mudado incluso nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos y hasta de saludarnos.

Sin embargo, en el mismo vagón hemos incorporado una acelerada digitalización que nos permitirá, a corto, ser más eficaces; una auditoría de realidad de nuestro sistema sanitario que nos permite afirmar que cada euro invertido en salud fue un acierto, y un inventario de redescubrimientos que nos presentan la pandemia no sólo como cambio, sino como catalizador, como palanca de transformación. Por ejemplo:

• El horizonte inevitable de la digitalización y la economía verde.
• El valor de la colaboración público-privada, totalmente indispensable.
• El valor de la colaboración público-privada, totalmente indispensable.
• La importancia esencial de la ciencia.
• O el reconocimiento del mundo rural.

De todas maneras, no es mi pretensión detenerme en el análisis de la pandemia, sino defender que la crisis sanitaria nos aboca necesariamente a cambios que son ya inevitables. Vaya por delante mi recuerdo permanente al drama, la muerte y el dolor, la desolación que ha causado. Y por eso quiero tener presente a Avelino Uña, primer fallecido por coronavirus en Asturias. Aludo al catálogo de cambios, a los citados antes como redescubrimientos y a la necesidad de poner en valor el protagonismo inexcusable de lo público y del estado del bienestar.

Pero vamos con la cogobernanza. La gobernanza pública es un modelo que se construye, según el Libro Blanco de la Gobernanza de la Unión Europea (2001), sobre cinco principios, todos ya conocidos: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.

La gobernanza busca asentar el progreso de un país en unas instituciones fuertes, responsables y participadas por los ciudadanos.

Pero, si gobernanza pública es todo esto, ¿qué significa la cogobernanza y, particularmente, en España? De manera sencilla podemos afirmar que es un paso más. Y no a nivel conceptual, sino que es la consecuencia natural de aterrizar la gobernanza en el modelo territorial de distribución de competencias de nuestra Carta Magna.

Si bien es cierto que el concepto de cogobernanza se ha generalizado en los tiempos de la pandemia, los principios ontológicos que antes veíamos ya estaban del todo presentes en nuestro modelo autonómico.

Las exigencias de la crisis sanitaria han hecho aflorar, como si desenterrasen un cimiento, un fundamento básico de nuestro sistema constitucional.

Aun sin haberle puesto nombre, seamos claros: la cogobernanza ya era consustancial al Estado autonómico.

La Constitución asienta los postulados de la cogobernanza desde el mismo Preámbulo, los disemina por todo el texto y los cristaliza, si cabe con mayor contumacia, en su Título VIII, al abordar la organización territorial del Estado.

Pensemos que ejercer una competencia requiere de una respuesta a varios niveles políticos e institucionales. Y ejercerla correctamente no es más que coordinarse en el desarrollo de los elementos que la integran: la materia, el marco regulatorio, el territorio, su financiación, la gestión concreta y su final ejecución.

Tanto en las competencias exclusivas del Estado como en las concurrentes y compartidas y aun en las exclusivas autonómicas con espacios reservados a legislación básica, el nivel de recíproca imbricación no es más que un ejercicio práctico de cogobernanza.

En una materia dada, cada nivel del sistema tiene que hacer lo que le corresponde, generándose un proceso dinámico con distintos actores que da un resultado único del que son corresponsables todos los intervinientes. ¿Qué debe hacer cada uno?

Dependerá de la materia y de las potestades competenciales que se ostenten, pero el producto es único y el resultado lo es del sistema público institucional.

En el caso de Asturias, el resultado es tan asturiano como español, pues las propias instituciones autonómicas son, por conducto constitucional y estatutario, instituciones del Estado.

Es una lástima que con más habitualidad de lo deseable nos olvidemos de esto. Tan básico, tan fácil de explicar para unos como difícil de interiorizar para otros: negar el Estado autonómico es negar el Estado mismo, negar la mismísima Constitución. Los que dudan de esto no tienen más que leer el artículo 2 de la Constitución y los artículos 137 y siguientes.

Y voy a más, si vemos cogobernanza en la Constitución, con idéntica nitidez la veremos en sus “hijos”: los Estatutos de Autonomía. El agua que corre por los afluentes es, en definitiva, el mismo caudal del río. No olvidemos que estamos ante leyes paccionadas de doble naturaleza: por un lado, son leyes orgánicas estatales y, por otro, son leyes institucionales básicas autonómicas, situadas en el propio bloque de constitucionalidad.

No quiero aburrirles, así que iré al arquetipo más evidente de cogobernanza: la materia sanitaria. Para ello la pandemia es un modelo de estudio insuperable. Quizá el mejor ejemplo sea (no debemos rehuirlo) el segundo estado de alarma.

Sí, ese que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre declaró no conforme a la Constitución en algunas de sus disposiciones. Una de ellas, curiosamente, el ejercicio más evidente de cogestión y cogobernanza: la delegación de la condición de autoridad competente en todos los presidentes de las comunidades autónomas.

Digo curiosamente porque la sentencia, con una exposición doctrinal bien hilada, más o menos discutible, más o menos compartible, pero con mimbres firmes en su desarrollo argumental, pone de manifiesto que el éxito de un modelo de gestión reconocido a nivel internacional es, a la vez, el fracaso de un ordenamiento que por su obsolescencia no da respuesta a la realidad a la que sirve.

Y ello lo hace inservible. Afrontamos un caso donde lo material es correcto, pero lo formal no acierta con el envoltorio.

Déjeseme opinar: debemos quedarnos con el contenido y no con el continente. La forma no ha sido adecuada, pero la gestión material, sí. En consecuencia, no podemos sino adaptar los instrumentos al sonido que queremos. Otra cosa sería pretender cambiar la realidad a golpe de norma imperativa y eso no es propio de un sistema democrático avanzado.

La pandemia también nos ha dejado grandes avances de cogobierno que, más pronto que tarde, requerirán de un adecuado envoltorio. Dos son especialmente destacables: las Conferencias de Presidentes y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Respecto a las primeras, urge su regulación e institucionalización pautada, como en no pocos estados descentralizados. Útiles y necesarias a partes iguales.

Llama la atención que desde 2004, año de la primera durante la etapa del presidente Zapatero, hasta marzo de 2020, momento en que estalla la crisis sanitaria, solo se hubiesen celebrado seis. Hoy, tras la última del pasado mes de diciembre, vamos por la vigésimo quinta, con formatos variados, presenciales y durante el período más duro de la pandemia, telemáticas.

Respecto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, su utilidad es incuestionable, si bien desde el Gobierno de Asturias entendemos, y así lo hemos propuesto en no pocas ocasiones, que sería más conveniente transitar hacia una Agencia Nacional de Salud Pública, con capacidades de gestión, y un órgano similar al actual consejo, pero más federalizado, con capacidad para adoptar decisiones preceptivas y vinculantes no por unanimidad, sino por mayoría.

En cualquier caso, muy a mi pesar, no todo ha sido bueno. Fallamos al tratar de diagnosticar la incertidumbre. Muy probablemente nadie hubiese podido acertar, pero sería de una necedad acreedora de penitencia no aprender de la experiencia.

De acuerdo que ha habido fallos en el sistema, quizá imprevisión en algún momento, falta de acuerdo, descoordinación, divergencias territoriales u obsolescencia normativa, pero mismo crimen y castigo derivaría de negar el valor de cogobernanza, de la descentralización y del Estado autonómico.

Si ya disponemos del mejor de los modelos, ¿por qué nos negamos a adaptarlo? Si tuviese que manifestar por dónde acometería una reforma del Estado autonómico, creo que apostaría todo a reforzar la cogobernanza. Es una historia de éxito, aun con las manos atadas.

Por eso, quizá debamos potenciar el Senado como cámara territorial, institucionalizar y dotar de competencias decisorias claras las Conferencias de Presidentes y, finalmente, federalizar algunos órganos de coordinación, como he propuesto para el Consejo Interterritorial de Salud.

La evolución del Estado autonómico no pasa en mi opinión por incrementar los listados competenciales hasta desnudar totalmente el poder central, sino por dotarlo de estructuras que garanticen la diversidad desde la unidad y, en consecuencia, altas dosis de igualdad, libertad y solidaridad. Vayamos con todo a un Estado autonómico más transparente, participado, eficaz, coherente y responsable, a un Estado autonómico más y mejor cogobernado.

No se les escapará por qué he elegido la cogobernanza para esta conferencia conmemorativa del 40º aniversario de nuestro Estatuto, justo cuando mi gobierno defiende su reforma para acomodarlo a nuestra madurez autonómica.

Como he descrito, la pandemia ha apartado el velo de la ignorancia -por echar mano del término de Rawls- que nos ocultaba la importancia crucial de la cogobernanza para el buen funcionamiento de nuestro Estado autonómico.

Hemos visto a las claras, sin que mediara cortinaje alguno, la relevancia de la coordinación, la colaboración, la lealtad y la asunción de responsabilidades para fortalecer la respuesta a la crisis sanitaria. Y, a la inversa, también hemos comprobado las indeseables consecuencias del ensimismamiento, de la deslealtad y de la dejadez a la hora de ejercer las propias competencias.

He afirmado que mejorar la cogobernanza redundará a favor de nuestro Estado autonómico. La secuencia es directa, inmediata. Al defender la actualización de nuestro Estatuto -descolgado de la última oleada de reformas- aspiramos a lo mismo: a adecuar nuestra norma básica para mejorar nuestro autogobierno y contribuir, así, a fortalecer el Estado autonómico.

Esa es la estación final del recorrido que queremos iniciar, y que sólo será posible si afluye la suficiente inteligencia, responsabilidad, generosidad y disposición al acuerdo que hicieron posibles tanto la Constitución Española como nuestro propio Estatuto.

Esos son los capitales necesarios. Tengamos claro que sin ese acopio de talentos y voluntades hoy no podríamos conmemorar cuatro décadas de desarrollo autonómico en Asturias.

Por más que pueda parecer ingenuo a estas alturas, me cuesta aceptar que Asturias desaproveche, cuatro décadas después, una oportunidad histórica para adecuar nuestro Estatuto, mejorar su autogobierno y proteger nuestro patrimonio cultural.

No quiero extenderme más, pues esta sede me inspira, sobre todo, a dejar espacio para el debate.

Termino. Puesto que la cogobernanza está en la esencia misma de la autonomía, cuidémosla, nutrámosla de los elementos necesarios para hacerla más fuerte y mejor: Constitución, estatutos, lealtad institucional, cooperación, solidaridad, consenso, voluntad de acuerdo, reforma y progreso.

Hace cuarenta años, Asturias fue dueña de su destino. Hoy, debe volver a serlo. Muchas gracias.

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