Intervención de la Consejera de Hacienda, Ana Cárcaba
Junta General del Principado de Asturias
Como la presidenta de la comisión acaba de señalar, comparezco esta tarde con la directora general de Finanzas y Economía para informar sobre los efectos del actual proceso inflacionista en los Presupuestos del Principado de Asturias correspondientes al ejercicio 2022. Han sido ya varias las ocasiones en las que he respondido a distintas preguntas e interpelaciones sobre esta cuestión en las últimas semanas, a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Buena parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara han debatido conmigo y con otros miembros del gobierno sobre esta cuestión, desde que, a finales de febrero, comenzase el conflicto bélico.
Es indudable que esta guerra, cuyos combates se producen a las puertas de la Unión Europea, ha golpeado de lleno a las economías mundiales. Por supuesto, ni la economía española ni la asturiana han sido una excepción. Desde el inicio del conflicto, se ha producido una convulsión en los mercados que ha provocado gran inestabilidad. Se han disparado los precios de la energía y de buena parte de las materias primas procedentes del llamado ‘granero de Europa’, a la par que se ha desestabilizado la economía en general. El nerviosismo ha provocado fluctuaciones de precios que realmente no obedecen tanto a problemas de oferta como a los temores de la evolución de esta nueva situación excepcional, que llega cuando apenas comenzábamos a superar los problemas derivados de la pandemia.
Ante este escenario, las administraciones no hemos permanecido impasibles y hemos llevado a cabo diversas acciones a lo largo de las últimas semanas. Esperamos que estas decisiones, especialmente aquellas que afectan al ámbito energético, sirvan para que los problemas se vayan atenuando.
Permítanme recordarles que, tras la celebración de la pasada Conferencia de Presidentes, el Gobierno de España ha propuesto un Plan Nacional que contempla, entre otras, las siguientes medidas:
- La reducción temporal de la fiscalidad de la electricidad (recordemos que ya se había reducido este impuesto en 2021 y se ha aumentado la vigencia de esta medida).
- La movilización de recursos en forma de ayudas para la agricultura y ganadería, el sector pesquero, los grandes consumidores de electricidad, la industria intensiva de gas y las empresas de transporte.
- La aprobación una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, una medida que afecta a todos los ciudadanos.
- La revalorización de un 15% del Ingreso Mínimo Vital.
- La flexibilización del bono social eléctrico.
Se ha logrado además algo que parecía impensable hace unos meses: la consideración de la península ibérica como isla energética, abriendo así la posibilidad de fijar temporalmente un precio máximo para el gas, algo que de otra forma sería imposible abordar y que debería servir para reducir las presiones al alza en el precio de la electricidad provocadas por la invasión de Ucrania.
En el ámbito regional, y a pesar del estrecho margen del que disponemos, también hemos adoptado diferentes medidas para afrontar esta situación. Así:
- Hemos anticipado la autorización efectiva de la campaña de la PAC, facilitando financiación para el adelanto del 90% de estas ayudas, porcentaje que también se ha conseguido para el adelanto de las ayudas a la industria agroalimentaria y forestal y las ayudas ligadas al programa Leader. Ello ha permitido a los sectores agrario, ganadero y forestal disponer de una importante liquidez en el momento más necesario.
- Hemos promovido el anticipo de crédito de circulante para todos los gastos ligados a la campaña de siembra de forrajes, incluidos plástico y combustibles.
- Hemos consolidado los incrementos de ayudas para el desarrollo rural ya iniciados en el pasado ejercicio.
- Hemos aprobado el proyecto de ley por el que se exime de tributación hasta finales del ejercicio a diversas tasas vinculadas a los sectores más afectados por el incremento de precios: ganadería, agricultura, pesca y transporte.
- Hemos impulsado una rebaja del 50% hasta finales de junio en la inspección técnica de vehículos profesionales.
- Hemos decidido complementar en un 50% la cuantía que reciben las casi 28.000 personas beneficiarias del bono social térmico.
- Hemos aprobado el acuerdo que permite aplicar en la región las medidas excepcionales de revisión de precios de contratos públicos.
Para adoptar estas medidas estamos aprovechando al máximo las posibilidades de nuestro presupuesto. Como señalé el pasado martes en debate plenario, quiero agradecer nuevamente su apoyo a los grupos de esta cámara que permitieron que este presupuesto fuese aprobado. Sin estas cuentas, sería aún más difícil afrontar esta situación.
Como no podía ser de otro modo, esta tendencia inflacionista repercute directamente sobre los gastos a los que tiene que hacer frente el Principado de Asturias. Es sencillo de entender: somos los principales prestadores de servicios de esta comunidad; la prestación de servicios es inviable sin gasto y, por tanto, cualquier coyuntura como la actual nos afecta al igual que a cualquier otro consumidor.
Como prestador de esos servicios, sufrimos cualquier alteración en los gastos ordinarios y de funcionamiento. No es difícil adivinar que el incremento de los precios afecta a prácticamente todos los productos y servicios necesarios para el funcionamiento de la administración, así con cada contrato que licitamos los precios superan a los previstos, lo que evidentemente supone un sobrecoste. Nos cuesta más adquirir el material sanitario, el equipamiento, el material de oficina (papel especialmente), los artículos de uso común y como no, los suministros de electricidad, gas y carburante. Y, todo ello, a pesar de que fuimos previsores y tenemos contratos vigentes a precio fijo para una parte de estos gastos lo que minimiza este impacto, especialmente el energético.
Además de los gastos corrientes, también se resienten los contratos y licitaciones ligadas a las inversiones. En este sentido, una de las medidas que hemos puesto en marcha, como ya he comentado, ha sido la aprobación del acuerdo que permite aplicar en la región las medidas excepcionales de revisión de precios de contratos públicos. Ello implicará asumir el reequilibrio financiero ante un incremento de precios que exceda del riesgo y ventura a asumir por el contratista.
Finalmente, quiero recordar que el Principado también es contribuyente, de modo que, al igual que cualquier consumidor final, soportamos un IVA creciente ante el incremento de precios, sin que podamos repercutirlo y lograr un efecto neutro.
No han sido pocos los que también han puesto en estas semanas el foco en el capítulo de los ingresos de la administración, hasta el punto de intentar trasladar a la opinión pública la idea equivocada de que el Principado pasa por una suerte de bonanza fiscal como consecuencia de la tendencia inflacionista. Nada más lejos de la realidad.
Como saben, los ingresos que mayor peso tienen en nuestro presupuesto son aquellos que proceden del sistema de financiación autonómica, esto es, los grandes tributos cedidos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IVA y los Impuestos Especiales. Como también sabrán, la comunidad autónoma recibe la dotación correspondiente a estos ingresos a través del conocido como sistema de entregas a cuenta. Ello implica que, partiendo de las estimaciones efectuadas en el ejercicio 2021, estas cuantías permanecen invariables a lo largo del presente ejercicio. Es decir, aun cuando se altere la recaudación obtenida por parte de la Administración central, que evidentemente fluctúa en función de las circunstancias económicas, nuestros ingresos permanecen invariables, ni aumentan ni se reducen durante el ejercicio.
Por tanto, debemos ser cuidadosos con aquellos discursos que trasladamos a los ciudadanos que nos escuchan, porque no será hasta el ejercicio 2024 cuando podremos saber si efectivamente la cuantía que nos corresponde relativa al presente año es superior o inferior a la recibida a través de las citadas entregas a cuenta. Será en 2024 cuando se compare la recaudación real con los citados anticipos y, por tanto, cuando se genere la correspondiente liquidación. No considero oportuno aventurar ahora cuál va a ser el sentido de esa liquidación, ya que hay factores que tienden a aumentar estos ingresos, pero también otros que los reducen.
Finalizo ya esta exposición previa y lo hago reconociendo que estamos ante un momento complejo, pero, al mismo tiempo, poniendo en valor todas aquellas acciones que se han llevado a cabo por parte de las administraciones, tanto central como autonómica. Poniendo en valor también el actual presupuesto, sin el cual, insisto, las herramientas para enfrentarnos a esta coyuntura serían muy limitadas.
Tanto yo como mi directora general de Finanzas quedamos a disposición de sus señorías para aquellas cuestiones que deseen plantear. Muchas gracias.
Audio con declaraciones de la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba (mp3 1346 Kb)
