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El Principado inicia la elaboración del anteproyecto de ley del Empleo Público, que se concluirá a finales de año

29/01/2021

El vicepresidente Juan Cofiño preside la constitución del grupo de trabajo que asesorará en la elaboración de la nueva norma, integrado por  17 expertos.

El Gobierno de Asturias ha iniciado hoy el proceso de elaboración de la futura ley del Empleo Público con la constitución de un grupo de trabajo, integrado por 17 expertos, que asesorará a la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático en la preparación de  la normativa.

El vicepresidente del Gobierno y titular de la consejería, Juan Cofiño, que ha presidido de forma telemática esta primera reunión, ha indicado que la conclusión del texto está prevista para finales de año. Posteriormente, se remitirá a la Junta General, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno. 

Cofiño ha destacado que para la elaboración de la nueva ley su departamento cuenta tanto con expertos de la Administración del Principado como con juristas externos de reconocido prestigio. 

El consejero ha explicado, además, que los miembros de este grupo dispondrán, en principio, “de un plazo de seis meses para realizar las propuestas que estimen pertinentes para la elaboración del anteproyecto de ley, sin perjuicio de que pueda ampliarse en caso necesario”. Además, se podrá convocar a las reuniones a otras personas que se estime oportuno en atención a sus conocimientos específicos y experiencia en la materia. 

La futura norma, una de las piezas fundamentales en la reforma de la Administración que está llevando a cabo el Gobierno de Asturias,  persigue “adecuar y actualizar la regulación autonómica de los empleados públicos, que data de 1985, para adaptarla al actual contexto social, normativo y de prestación de servicios públicos”, ha señalado Cofiño. 

El vicepresidente ha agregado que la Ley del Empleo Público, como instrumento que plasme el nuevo modelo de la Administración del Principado, “es uno de los objetivos de la legislatura”.

La disposición regulará, entre otros aspectos esenciales, los mecanismos de movilidad y flexibilidad en la gestión de los recursos humanos; el diseño de cuerpos y escalas para adaptarlos a las necesidades actuales de los servicios a los ciudadanos; la provisión de puestos de trabajo; el establecimiento de deberes y el reconocimiento de derechos; las vías para la consolidación de los interinos; un régimen de retribuciones más eficiente; la prestación de servicios a distancia o la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

“Se trata de configurar una administración moderna y con entornos de tramitación electrónica, que evoluciona y se adapta a nuevas necesidades sociales, una administración de nueva generación y eficiente”, ha añadido el vicepresidente. 

El grupo de trabajo estará presidido por el director general de Función Pública, Miguel Ángel Rodríguez, y como secretaria actuará Elisa García Rodríguez, asesora de la Dirección General de Función Pública. El resto de los miembros son los siguientes: 

  • Pablo Baquero Sánchez, jurista experto en administración pública. 
  • Javier Junceda Moreno, jurista experto en administración pública. 
  • Miriam Cueto Pérez, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. 
  • Inmaculada Fernández Gancedo, secretaria general del Ayuntamiento de Gijón. 
  • Francisco Javier Álvarez López, secretario general técnico de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. 
  • Juan Antonio Baragaño Castaño, secretario general técnico de la Consejería de Hacienda. 
  • Gloria Gadea Badal Ortíz, secretaria general técnica de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 
  • Luisa Fernanda del Valle, directora general de la Vicepresidencia. 
  • José Manuel López Guerrero, director general de Personal Docente. 
  • Juan José Alonso Ordiales, director de Profesionales del Servicio de Salud del Principado (Sespa). 
  • Begoña Huergo Iglesias, directora del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.

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