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Autorizaciones Ambientales Integradas

Marco normativo de las Autorizaciones ambientales Integradas.

 

 

La Autorización Ambiental Integrada es una figura de intervención administrativa que, para las instalaciones afectadas, sustituye al conjunto de autorizaciones ambientales existentes hasta la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (Ley IPPC), estableciendo  un condicionado ambiental para la explotación de las actividades e instalaciones contempladas en el Anexo I de dicha ley. Esta autorización se otorga con carácter previo a cualquier otra autorización o licencia sustantiva, y es de carácter vinculante para todo lo relativo al condicionado ambiental.


Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, la puesta en marcha de una instalación estaba sujeta a diversas autorizaciones de carácter ambiental: producción y gestión de residuos, autorización de emisiones a la atmósfera, autorización de vertidos, evaluación de impacto ambiental, etc. Algunas de estas autorizaciones se otorgaban separadamente por uno o varios órganos de una misma Administración, mientras que en otras ocasiones se otorgaban por diferentes Administraciones.


Las autorizaciones que se integran en este procedimiento son:


• Las autorizaciones en materia de producción, gestión y vertido de residuos, incluyendo la incineración de residuos municipales y peligrosos.
• La autorización de vertido a las aguas continentales, incluidos los vertidos a la red integral de saneamiento y los vertidos de tierra a mar.
• Las autorizaciones y determinaciones de carácter ambiental en materia de contaminación atmosférica, incluidas las referentes a los compuestos orgánicos volátiles.


La Ley IPPC incorpora al ordenamiento interno español la Directiva 96/61/CE. Esta Directiva fue derogada y sustituida por la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, que a su vez se derogó con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), que refunde en uno solo varios textos legislativos relacionados con la prevención y el control de la contaminación.


Esta última Directiva 2010/75/UE ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.


Por otro lado, fue desarrollada, en lo que incumbe a la AAI, mediante el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, ya derogado y sustituido por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.


El otorgamiento de la AAI es competencia del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, que en el caso de Asturias será la Consejería con competencias en materia de medio ambiente.


El objetivo de la AAI es proteger al medio ambiente en su conjunto, aplicando los principios de prevención y control ambiental de una forma integrada, con el fin de impedir la transferencia de contaminación de un medio a otro. Para ello establece un condicionado ambiental para el funcionamiento de complejos industriales, imponiendo específicamente para cada instalación valores límite en todos los vectores ambientales (atmósfera, aguas, ruidos, residuos, suelos…), así como planes de vigilancia al respecto.


Para aquellas instalaciones que deban someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, la autorización ambiental integrada también debe incorporar la declaración de impacto ambiental (DIA), y en el caso de instalaciones afectadas, las condiciones preventivas y de control necesarias para prevenir los accidentes graves.


Instalaciones afectadas


Deberán obtener Autorización Ambiental Integrada las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en el anejo 1 de la Ley IPPC y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo, con excepción de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.


Anejo I de la Ley de IPPC


Contenido de la Autorización Ambiental Integrada 


La Autorización Ambiental Integrada presentará, como mínimo, el siguiente contenido:


• Los valores límite de emisión para las sustancias contaminantes enumeradas en el anejo 2 de la Ley IPPC y para otras sustancias contaminantes que puedan ser emitidas en cantidad significativa por la instalación de que se trate habida cuenta de su naturaleza y potencial de traslado de contaminación de un medio a otro, y, en su caso, los parámetros o las medidas técnicas equivalentes que complementen o sustituyan a estos valores límite.


Asimismo, deberán especificarse las mejores técnicas disponibles contenidas en las conclusiones relativas a las MTD que son utilizadas en la instalación para alcanzar los valores límite de emisión.


• Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas subterráneas. Asimismo se identificarán cada uno de los focos de emisión de contaminantes atmosféricos.
• Los procedimientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los residuos generados por la instalación. En este sentido, deberá contener el número de gestor y productor de residuos correspondiente a la instalación o instalaciones.
• Las prescripciones que garanticen, en su caso, la minimización de la contaminación a larga distancia o transfronteriza.
• Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de todo tipo de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones; en caso de instalaciones a las que les sea de aplicación el artículo 7.4.b) de la Ley IPPC, los resultados deberán estar disponibles en las mismas condiciones de referencia y durante los mismos periodos de tiempo que los relativos a los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles.
• Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en marcha y parada, fugas, fallos de funcionamiento y paradas temporales.
• Cualquier medida o condición establecida por la legislación sectorial aplicable. En particular, las que pudieran establecerse en aplicación del artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados para las instalaciones en las que se realicen una o más operaciones de tratamiento de residuos.
• La obligación de comunicar al órgano competente regularmente y al menos una vez al año: 


 1º   Información basada en los resultados del control de las emisiones  y otros  datos solicitados  que permitan al órgano competente verificar el cumplimiento de las  condiciones de la  autorización; y
 2º   Cuando se apliquen valores límite de emisión que superen los valores de emisión asociados  a las mejores técnicas disponibles, un resumen de resultados del control de las emisiones que  permita compararlos con los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles.


• Los requisitos adecuados para el mantenimiento y supervisión periódicos de las medidas adoptadas para evitar las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas y, en su caso, los requisitos adecuados para el control periódico del suelo y las aguas subterráneas por lo que respecta a sustancias peligrosas que previsiblemente puedan localizarse, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación.
• Condiciones para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión;
• En caso de que la autorización sea válida para varias instalaciones o partes de instalación explotadas por diferentes titulares, deberá delimitarse el alcance de la responsabilidad de cada uno de ellos, que será solidaria salvo que las partes acuerden lo contrario.
• Las condiciones en que debe llevarse a cabo el cierre de la instalación.

 

Valores Límite de Emisión


El órgano ambiental fijará valores límite de emisión de las instalaciones que garanticen que, en condiciones de funcionamiento normal, las emisiones no superen los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles que se establecen en las conclusiones relativas a las MTD. Para la determinación en la autorización ambiental integrada de los valores límite de emisión, se deberán tener en cuenta distintos factores, como son la información actualizada en materia de MTD, las características técnicas de las instalaciones en donde se desarrolle alguna de las actividades industriales enumeradas en el anejo 1de la Ley de IPPC, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente, la naturaleza de las emisiones y su potencial traslado de un medio a otro, los planes nacionales aprobados, en su caso, para dar cumplimiento a compromisos establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales suscritos por el Estado español o por la Unión Europea, la incidencia de las emisiones en la salud humana potencialmente afectada y en las condiciones generales de la sanidad animal y vegetal, y los valores límite de emisión fijados, en su caso, por la normativa en vigor en la fecha de la autorización.


Revisión de la Autorización Ambiental Integrada


En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal actividad de una instalación, el órgano ambiental competente garantizará que se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación de que se trate; y que la instalación cumple las condiciones de la autorización.

 

La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.


Cuando una instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.


En cualquier caso, la autorización ambiental integrada será revisada de oficio cuando:


a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) El organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización ambiental integrada en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado. En este supuesto, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante, al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de que inicie el procedimiento de revisión en un plazo máximo de veinte días.
e) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental.


La revisión de la autorización ambiental integrada no dará derecho a indemnización y se tramitará por procedimiento simplificado.

 

Más información acerca de las Autorizaciones Ambientales Integradas otorgadas en el Principado de Asturias.

 

Legislación en materia de Autorizaciones Ambientales Integradas

 

 

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