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Gobierno del Principado de Asturias

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Residuos peligrosos

Envases fitosanitarios

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El empleo de productos fitosanitarios tiene como finalidad proteger los cultivos vegetales de organismos nocivos, como plagas y otro tipo de especies indeseables. Los tipos de productos fitosanitarios más empleados a nivel nacional, según los últimos datos disponibles para el año 2011, son los insecticidas, acaricidas y nematicidas, seguidos de los herbicidas y los fungicidas.

 

Debe hacerse un uso sostenible de estos productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos de su empleo en la salud humana y el medio ambiente. Este uso sostenible implica, necesariamente, evitar el vertido indiscriminado de los residuos de envases de estos productos, que puede provocar graves daños en la salud humana y el medio ambiente. Al tratarse de productos peligrosos, los envases de fitosanitarios deben ser gestionados por sus poseedores como residuos peligrosos, siguiendo lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

 

Pero dadas las particulares características de estos productos, su utilización y el volumen de residuos generados, se consideró necesario el establecimiento de una normativa acorde con los principios europeos de responsabilidad compartida, responsabilidad del productor y "quien contamina paga", para lo que se promulgó el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, que obliga a que los productos fitosanitarios envasados sean puestos en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno, o a través de un Sistema Integrado de Gestión (SIG).

 

En el Principado de Asturias se creó Sigfito Agroenvases S. L., una sociedad sin ánimo de lucro integrada por envasadores, distribuidores y gestores de residuos, creada con el objeto de organizar un sistema de recogida de envases agrarios para darles un tratamiento medioambiental correcto y que opera como sistema integrado de gestión de residuos de envases fitosanitarios autorizado por la Consejería competente en materia de medio ambiente desde el año 2003.

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