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Comercio de derechos de emisión en Asturias

Marco legal del comercio de derechos de emisión.

 

 

La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2003/87/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión en la Comunidad y constituye, por la tanto, la norma fundamental que rige el comercio de derechos de emisión en nuestro país.

 

El comercio de derechos de emisión es uno de los mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto, basado en la creación de una moneda común de intercambio, el llamado “derecho de emisión”, que autoriza a emitir una tonelada de CO2. De acuerdo con el reparto comunitario de obligaciones, a España se le asigna un total de derechos de emisión que debe repartir entre las instalaciones afectadas, que son aquellas que desarrollen las actividades enumeradas en el anexo I de la Ley 1/2005, y que superen los umbrales de capacidad en él establecidos.

 

El reparto de derechos se realizaba mediante la aprobación de Planes de Asignación para cada periodo concreto. Transcurrido el primer periodo 2005-2007, entró en vigor encuentra en vigor el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 que fue aprobado por el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, y posteriormente modificado por el Real Decreto 1030/2007 y por el Real Decreto 1402/2007.

 

Se concede a cada instalación afectada un cierto número de derechos de emisión con carácter gratuito, que les permite emitir una cantidad determinada de CO2. Las instalaciones que mantienen un nivel de emisión por debajo de sus derechos pueden vender los derechos excedentarios en el mercado, mientras que las instalaciones que emitan por encima de los derechos otorgados están obligadas a adoptar fórmulas de compensación, o bien acudir al mercado para comprar los derechos que les faltan, al precio que determinen las leyes de la oferta y la demanda.

 

Como requisito inicial indispensable, la Ley 1/2005 establece que las instalaciones que realizan actividades afectadas por esta normativa deben contar con una autorización de emisión de gases de efecto invernadero, otorgada por la autoridad competente, que en Asturias es la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente. Esta autorización debe incorporar, entre otras cuestiones, las obligaciones de seguimiento de emisiones, especificando la metodología que se ha de aplicar y su frecuencia, de acuerdo con los principios que se recogen en el anexo III de la Ley 1/2005.

 

El seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero está regulado por la Decisión 2007/589/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2007, por la que se establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que introduce como novedad para este periodo la obligación, por parte de las instalaciones afectadas, de presentar un Plan de Seguimiento, que debe detallar la metodología de seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación, y debe ser aprobado expresamente por la autoridad competente.

 

Con el fin de regular el contenido y la forma de aprobación de estos planes de seguimiento, la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructuras, como autoridad competente del Principado de Asturias para la aprobación de los planes, aprobó mediante Resolución del 1 de septiembre de 2009 la denominada “Instrucción Técnica para la elaboración de Planes de Seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero en el Principado de Asturias”.

 

La publicación de la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo representa la transposición a nuestro ordenamiento de las dos últimas directivas comunitarias relativas al comercio de derechos de emisión, e introduce novedades importantes como la inclusión del sector de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión a partir del 1 de enero de 2012.

 

Esta ley implica la desaparición de los planes nacionales de asignación a partir del 1 de enero de 2013, ya que el reparto de emisiones se abordará desde un enfoque comunitario, tanto en lo que respecta a la determinación del volumen total de derechos de emisión, como en lo relativo a la metodología para asignar los derechos de emisión a las instalaciones fijas. Además, desaparece la asignación gratuita para algunos sectores como la generación de electricidad.

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