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Acuerdos del Consejo de Gobierno

  1. febrero
  2. 20 de febrero de 2020
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 20/02/2020
    • La Consejería de Derechos Sociales reforzará con 17 personas más a partir de mayo el servicio de revisión de las solicitudes
    • El Ejecutivo aprueba las medidas necesarias para aplicar la subida salarial del 2% a los empleados públicos este mismo mes
    • El Principado acuerda el pago de la carrera profesional al personal interino y un complemento para la plantilla de Justicia

    La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de las medidas puestas en marcha para agilizar la tramitación del salario social, una de las prioridades de su departamento. Entre tales iniciativas destaca la aceptación de la declaración responsable, que acortará sustancialmente los plazos.

    Con la declaración responsable, las personas solicitantes del salario social afirman que cumplen todos los requisitos para acceder a la prestación. De este modo, el expediente se inicia de inmediato. A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, la comprobación se hará a posteriori. La aplicación de esta medida comenzará a partir del 2 de marzo, fecha en la que estarán disponibles los nuevos modelos de declaración responsable en todos los centros de servicios sociales municipales y para la ciudadanía en general.

    Se estima que esta medida tendrá un impacto directo en alrededor de las 2.500 personas que, de media, comunican altas y bajas en prestaciones por desempleo y contratos temporales al año, así como en las personas solicitantes que declaran no percibir ingreso alguno.

    La declaración responsable es sólo una de las decisiones adoptadas por la consejería para acelerar los trámites y reducir la lista de espera del salario social. Así, a partir de mayo se fortalecerá el servicio de revisión con 17 empleados públicos más y se dará prioridad a aquellos relacionados con altas y bajas de contratos laborales o relacionados con la formación o el empleo. El objetivo es evitar que el acceso al mercado laboral, sea transitorio o permanente, provoque demoras en la prestación. Otra de las metas que se ha fijado la consejería es impulsar la reincorporación de los beneficiarios de esta prestación al mercado laboral a través de medidas vinculadas a la economía verde y el cuidado de las personas.

    Melania Álvarez ha subrayado que agilizar la gestión es una “prioridad indiscutible”. Aunque los datos de 2019 muestran una tendencia a la baja en la demanda del salario social, la consejería está impulsando medidas concretas para atender a todos los beneficiarios y “no dejar a nadie atrás”. De hecho, en diciembre la lista de espera se había reducido un 33% (de 1.327 solicitudes a 888). Además, el número de nuevas peticiones también había disminuido: 57, frente a un promedio de 246 de los meses anteriores.

    Las perspectivas para este año apuntan a que esa tendencia a la baja continúe. El presupuesto consigna un crédito inicial de 116.750.000 euros que permitirá atender a unas 22.000 familias. En 2019, la partida destinada a esta prestación fue de 120,7 millones.

    El desarrollo de la agenda social está marcando las reuniones del Consejo de Gobierno desde el inicio de año. El 24 de enero, la titular de Derechos Sociales informó de la ampliación hasta 700 euros mensuales de las ayudas a las familias que acojan a menores. Y más recientemente, la pasada semana, el Ejecutivo ratificó el acuerdo que determina los servicios y programas susceptibles de ser prestados por las entidades del tercer sector, un trámite necesario para aplicar la Ley de Acción Concertada, aprobada en marzo de 2019.



    Mejoras para los empleados públicos

    El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde al incremento retributivo del 2% para el personal público del Principado, al que se podrá sumar un aumento del 1% a partir de julio si el Producto Interior Bruto de 2019 alcanza el 2,5%. Esta mejora beneficiará a 36.907 trabajadores de la Administración autonómica y es la máxima permitida en los Presupuestos Generales del Estado.

    La medida tendrá un coste de 35,84 millones, sin incluir posibles subidas posteriores y se hará efectiva en las nóminas de febrero. El aumento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

    Además del incremento general, también se ha aprobado, entre otros, estos cambios:

    • El pago de la carrera profesional al personal interino.
    • El tercer tramo del complemento específico transitorio, aplicable a la plantilla de Justicia. El aumento asciende, una vez actualizado, a 173,75 euros al mes y su coste anual suma 379.634 euros.
    • El importe del complemento de productividad a abonar en caso de sustituciones verticales, aquellas en puestos superiores a la categoría de los empleados: reiteradas sentencias judiciales están condenando a las administraciones públicas no solo a abonar las diferencias de sueldo sino además las diferencias de pagas extraordinarias. El coste estimado es de 15.025 euros anuales.

    El Ejecutivo ha autorizado, además, la modificación parcial de la relación y el catálogo de puestos de trabajo para adecuarlos a las necesidades funcionales de determinadas consejerías como Educación y Derechos Sociales y otros organismos públicos. En total, se propone la transformación de 15 puestos de trabajo, la creación de otros 12 de personal laboral y la amortización de 15 plazas vacantes, lo que resulta una reducción neta de tres plazas y un ahorro de 5.154,45 euros.



    Consejo de Movilidad del Principado

    El Ejecutivo ha refrendado, tras su aprobación por el Consejo Consultivo, el decreto que regula el Consejo de la Movilidad del Principado, previsto en la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible. Como se informó en el Consejo de Gobierno del 30 de enero, este órgano de participación, asesoramiento, consulta y debate sobre el sistema de transportes y movilidad sustituye al Consejo de Transportes Terrestres e incorpora otras formas de desplazamiento no recogidas en la norma anterior.

    Contará con un pleno que se reunirá, al menos, una vez al año y cuando sea convocado por el presidente, tanto a iniciativa propia como por petición de dos tercios de los vocales representantes que no pertenezcan a la Administración autonómica. Tendrá cuatro secciones: de mercancías; de transporte de viajeros en autobús y en vehículos de hasta nueve plazas, y de otros modos de transporte. Estará presidido por el consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático y su vicepresidente será el director general de Movilidad y Conectividad.

    Entre sus vocales habrá representantes de la Agencia Asturiana del Transporte y Movilidad; el Consorcio de Transportes de Asturias; las asociaciones profesionales de transportistas de viajeros en autobús, mercancías y en vehículos de hasta nueve plazas; las direcciones generales competentes en igualdad, discapacidad y energías limpias; las asociaciones de transporte en bicicleta; la Fade; el Ministerio de Transportes; Adif; Renfe; tres ayuntamientos, uno por cada circunscripción electoral (centro, occidente y oriente), y la Junta General.



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  3. 13 de febrero de 2020
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 13/02/2020
    • Las materias que se fijan son, entre otras, las dirigidas a prevenir la exclusión social, apoyar a las familias y a las personas dependientes y proteger a los menores
    • La normativa impulsa la labor social de estas organizaciones sin ánimo de lucro y fomenta la atención individualizada a los usuarios

    El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo por el que se determinan los servicios y programas susceptibles de ser prestados por entidades del tercer sector, primer paso en la aplicación de la Ley de Acción Concertada aprobada por la Junta General en 2019. La norma permitirá mantener e impulsar un modelo sostenible y cohesionado en la prestación de los servicios sociales, que pasa por la cooperación con estas entidades.

    Con este acuerdo, se avanza en el establecimiento del régimen jurídico de la gestión indirecta de los servicios sociales a través de la fórmula de la acción concertada. Este marco normativo permite que la prestación por parte de las entidades del tercer sector se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos siempre que asegure el principio de no discriminación en el régimen jurídico del concierto, se ajuste al principio de transparencia, y garantice una publicidad suficiente. Por ello, se aplicará sin límites, ni cuotas, ni procedimientos competitivos, de manera que se concedan licencias o autorizaciones a todas las organizaciones que cumplan las funciones previamente fijadas.

    Las medidas que serán objeto de la acción concertada son todas aquellas (ver documento adjunto) dirigidas a prevenir la exclusión social; promover la autonomía personal, la participación social y el desarrollo comunitario; apoyar a las familias y a las personas dependientes; proteger a los menores y a las personas que no pueden valerse por sí mismas, y fomentar la inserción social de quienes tienen necesidades especiales por una discapacidad.

    La regulación que está llevando a cabo el Gobierno asturiano es similar a la promulgada en comunidades como Aragón, Navarra o Valencia. Se ampara en la directiva europea 2014/24 y en su transposición al ordenamiento español a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Estas normas prevén la posibilidad de que las autonomías concierten mediante instrumentos no contractuales aquellos servicios públicos que satisfacen necesidades de carácter social.

    Desde el inicio de 2020, el Ejecutivo de Asturias ha dado prioridad al desarrollo de su agenda social, una de las líneas estratégicas del mandato. En el Consejo de Gobierno del 24 de enero, la titular de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, informó sobre la ampliación hasta 700 euros mensuales de las ayudas a las familias que acojan a menores. A la semana siguiente, el Ejecutivo analizó las medidas puestas en marcha para mejorar la gestión del salario social. En diciembre, la lista de espera se redujo un 33% -de 1.327 solicitudes a 888-, al tiempo que disminuyó notablemente el número de nuevas peticiones: 57, frente a un promedio de 246 de los meses anteriores.

    El desarrollo de la Ley de Acción Concertada, otra prioridad, exige que previamente se determinen los servicios que pueden prestar las entidades del tercer sector. Ese es el requisito que ha cumplido hoy el Consejo de Gobierno.

    Por otro lado, la Junta General ya ha iniciado la tramitación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, el primer proyecto legislativo aprobado por el Gobierno de Asturias en esta legislatura y que permitirá ordenar e integrar todas las ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad. La ley persigue, entre otros objetivos, ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las diferentes administraciones.



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  4. 6 de febrero de 2020
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 06/02/2020
    • El Gobierno de Asturias publicará el calendario previsto para la tramitación de iniciativas en el Portal de Transparencia
    • El Ejecutivo ha remitido dos leyes a la Junta: la de presupuestos, ya aprobada, y la de Derechos y Prestaciones Vitales
    • Autorizada la prórroga del convenio con el grupo CaixaBank para la organización de los Premios Emprendedor XXI

    El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan Normativo para 2020, que incluye la tramitación de 115 decretos. Además, el mes pasado, el Ejecutivo dio luz verde al Plan de Iniciativas Legislativas para todo el mandato, que suma 38 proyectos de ley.

    Ambos documentos –el Plan Normativo de 2020 y el Plan de Iniciativas Legislativas- responden a la necesidad de definir la programación normativa del Ejecutivo: qué leyes y decretos tiene previsto poner en marcha. Los dos planes podrán consultarse en el Portal de Transparencia, donde también se publicarán todos los cambios que se puedan producir. Así se refuerza, además, el procedimiento de consulta previa que se aplica a todas las iniciativas que han de someterse a audiencia e información pública.

    El plan normativo prevé que este año se tramiten 14 proyectos de ley. Sobre ese total, el gobierno cuenta con aprobar nueve este mismo ejercicio. Son los siguientes:

    • Proyecto de Ley de modificación de la Ley de 13 de julio de 1984, por la que se autoriza la creación de una Sociedad Regional de Gestión y Promoción del Suelo
    • Proyecto de Ley de Calidad Ambiental
    • Proyecto de Ley de sector público
    • Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos
    • Proyecto de Ley de Hacienda
    • Proyecto de Ley de acceso al entorno de personas con discapacidad que precisan el acompañamiento de perros de asistencia
    • Proyecto de Ley de Servicios Sociales
    • Proyecto de Ley del Voluntariado
    • Proyecto de Ley de Presupuestos de 2021
    • Los cinco proyectos restantes, cuya tramitación está prevista para este ejercicio, son los siguientes:
    • Proyecto de Ley de Educación
    • Proyecto de Ley de Montes y Ordenación Forestal
    • Proyecto de Ley de Actividad Física y Deporte
    • Proyecto de Ley de Participación Ciudadana
    • Proyecto de modificación de la Ley de Consumidores y Usuarios para garantizar la accesibilidad a las estaciones de servicio

    A estas leyes hay que sumar las dos que ya fueron remitidas a la Junta General: la de los presupuestos, ya aprobada, y la de Derechos y Prestaciones Vitales, que fue trasladada al parlamento en octubre. Aparte, también hay que tomar en cuenta la Ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género, que no será impulsada por el Gobierno, sino por la propia Junta General.

    En cuanto a los decretos, el plan normativo incluye, entre otros, el relativo a las indemnizaciones por daños ocasionados por la fauna silvestre, el que regulará el sistema científico, el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, el que regulará el reconocimiento de la condición de familia monomarental y monoparental, el de Atención Infantil Temprana y los que regularán el Registro Industrial y la actividad artesanal en la comunidad autónoma, y el que regula el sistema científico asturiano.

    Las leyes aprobadas en las sucesivas legislaturas, incluida la preautonómica, han sido 309. El mandato en el que más se tramitaron fue el de 1983 a 1987, con 49. En las dos últimas legislaturas se aprobaron 68 leyes, 29 en el período 2012-2015 y 39 en 2015-2019.



    Premios Emprendedor XXI

    Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica a prorrogar el convenio de colaboración con la sociedad Caixa Emprendedor XXI (Grupo CaixaBank) para la organización de la fase autonómica en Asturias de la XIII edición de los Premios Emprendedor XXI. Mediante este galardón, se visualiza el emprendimiento y la creación de empresas, con especial acento en las iniciativas innovadoras y de elevado potencial tecnológico y de desarrollo.

    En las dos últimas ediciones, resultaron ganadoras las empresas Triditive (2018) e i4life (2019) por el desarrollo de una máquina automatizada de fabricación aditiva (impresión 3D) híbrida para la producción en masa de piezas de metal y polímero y por la creación de un bastón que permite a los afectados de parkinson, alzheimer, demencias o ictus realizar actividades al aire libre al estar geolocalizados y en conexión permanente con sus cuidadores y el personal médico.

    Los ganadores de la fase autonómica concurren a la final nacional. Los premios están co-otorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) en España y Banco BPI en Portugal, y cuentan con el apoyo de más de 130 entidades de referencia implicadas en el desarrollo de las empresas innovadoras.



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