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Acuerdos del Consejo de Gobierno

  1. febrero
  2. 13 de febrero de 2020
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 13/02/2020
    • Las materias que se fijan son, entre otras, las dirigidas a prevenir la exclusión social, apoyar a las familias y a las personas dependientes y proteger a los menores
    • La normativa impulsa la labor social de estas organizaciones sin ánimo de lucro y fomenta la atención individualizada a los usuarios

    El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo por el que se determinan los servicios y programas susceptibles de ser prestados por entidades del tercer sector, primer paso en la aplicación de la Ley de Acción Concertada aprobada por la Junta General en 2019. La norma permitirá mantener e impulsar un modelo sostenible y cohesionado en la prestación de los servicios sociales, que pasa por la cooperación con estas entidades.

    Con este acuerdo, se avanza en el establecimiento del régimen jurídico de la gestión indirecta de los servicios sociales a través de la fórmula de la acción concertada. Este marco normativo permite que la prestación por parte de las entidades del tercer sector se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos siempre que asegure el principio de no discriminación en el régimen jurídico del concierto, se ajuste al principio de transparencia, y garantice una publicidad suficiente. Por ello, se aplicará sin límites, ni cuotas, ni procedimientos competitivos, de manera que se concedan licencias o autorizaciones a todas las organizaciones que cumplan las funciones previamente fijadas.

    Las medidas que serán objeto de la acción concertada son todas aquellas (ver documento adjunto) dirigidas a prevenir la exclusión social; promover la autonomía personal, la participación social y el desarrollo comunitario; apoyar a las familias y a las personas dependientes; proteger a los menores y a las personas que no pueden valerse por sí mismas, y fomentar la inserción social de quienes tienen necesidades especiales por una discapacidad.

    La regulación que está llevando a cabo el Gobierno asturiano es similar a la promulgada en comunidades como Aragón, Navarra o Valencia. Se ampara en la directiva europea 2014/24 y en su transposición al ordenamiento español a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Estas normas prevén la posibilidad de que las autonomías concierten mediante instrumentos no contractuales aquellos servicios públicos que satisfacen necesidades de carácter social.

    Desde el inicio de 2020, el Ejecutivo de Asturias ha dado prioridad al desarrollo de su agenda social, una de las líneas estratégicas del mandato. En el Consejo de Gobierno del 24 de enero, la titular de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, informó sobre la ampliación hasta 700 euros mensuales de las ayudas a las familias que acojan a menores. A la semana siguiente, el Ejecutivo analizó las medidas puestas en marcha para mejorar la gestión del salario social. En diciembre, la lista de espera se redujo un 33% -de 1.327 solicitudes a 888-, al tiempo que disminuyó notablemente el número de nuevas peticiones: 57, frente a un promedio de 246 de los meses anteriores.

    El desarrollo de la Ley de Acción Concertada, otra prioridad, exige que previamente se determinen los servicios que pueden prestar las entidades del tercer sector. Ese es el requisito que ha cumplido hoy el Consejo de Gobierno.

    Por otro lado, la Junta General ya ha iniciado la tramitación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, el primer proyecto legislativo aprobado por el Gobierno de Asturias en esta legislatura y que permitirá ordenar e integrar todas las ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad. La ley persigue, entre otros objetivos, ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las diferentes administraciones.



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  3. 6 de febrero de 2020
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 06/02/2020
    • El Gobierno de Asturias publicará el calendario previsto para la tramitación de iniciativas en el Portal de Transparencia
    • El Ejecutivo ha remitido dos leyes a la Junta: la de presupuestos, ya aprobada, y la de Derechos y Prestaciones Vitales
    • Autorizada la prórroga del convenio con el grupo CaixaBank para la organización de los Premios Emprendedor XXI

    El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan Normativo para 2020, que incluye la tramitación de 115 decretos. Además, el mes pasado, el Ejecutivo dio luz verde al Plan de Iniciativas Legislativas para todo el mandato, que suma 38 proyectos de ley.

    Ambos documentos –el Plan Normativo de 2020 y el Plan de Iniciativas Legislativas- responden a la necesidad de definir la programación normativa del Ejecutivo: qué leyes y decretos tiene previsto poner en marcha. Los dos planes podrán consultarse en el Portal de Transparencia, donde también se publicarán todos los cambios que se puedan producir. Así se refuerza, además, el procedimiento de consulta previa que se aplica a todas las iniciativas que han de someterse a audiencia e información pública.

    El plan normativo prevé que este año se tramiten 14 proyectos de ley. Sobre ese total, el gobierno cuenta con aprobar nueve este mismo ejercicio. Son los siguientes:

    • Proyecto de Ley de modificación de la Ley de 13 de julio de 1984, por la que se autoriza la creación de una Sociedad Regional de Gestión y Promoción del Suelo
    • Proyecto de Ley de Calidad Ambiental
    • Proyecto de Ley de sector público
    • Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos
    • Proyecto de Ley de Hacienda
    • Proyecto de Ley de acceso al entorno de personas con discapacidad que precisan el acompañamiento de perros de asistencia
    • Proyecto de Ley de Servicios Sociales
    • Proyecto de Ley del Voluntariado
    • Proyecto de Ley de Presupuestos de 2021
    • Los cinco proyectos restantes, cuya tramitación está prevista para este ejercicio, son los siguientes:
    • Proyecto de Ley de Educación
    • Proyecto de Ley de Montes y Ordenación Forestal
    • Proyecto de Ley de Actividad Física y Deporte
    • Proyecto de Ley de Participación Ciudadana
    • Proyecto de modificación de la Ley de Consumidores y Usuarios para garantizar la accesibilidad a las estaciones de servicio

    A estas leyes hay que sumar las dos que ya fueron remitidas a la Junta General: la de los presupuestos, ya aprobada, y la de Derechos y Prestaciones Vitales, que fue trasladada al parlamento en octubre. Aparte, también hay que tomar en cuenta la Ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género, que no será impulsada por el Gobierno, sino por la propia Junta General.

    En cuanto a los decretos, el plan normativo incluye, entre otros, el relativo a las indemnizaciones por daños ocasionados por la fauna silvestre, el que regulará el sistema científico, el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, el que regulará el reconocimiento de la condición de familia monomarental y monoparental, el de Atención Infantil Temprana y los que regularán el Registro Industrial y la actividad artesanal en la comunidad autónoma, y el que regula el sistema científico asturiano.

    Las leyes aprobadas en las sucesivas legislaturas, incluida la preautonómica, han sido 309. El mandato en el que más se tramitaron fue el de 1983 a 1987, con 49. En las dos últimas legislaturas se aprobaron 68 leyes, 29 en el período 2012-2015 y 39 en 2015-2019.



    Premios Emprendedor XXI

    Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica a prorrogar el convenio de colaboración con la sociedad Caixa Emprendedor XXI (Grupo CaixaBank) para la organización de la fase autonómica en Asturias de la XIII edición de los Premios Emprendedor XXI. Mediante este galardón, se visualiza el emprendimiento y la creación de empresas, con especial acento en las iniciativas innovadoras y de elevado potencial tecnológico y de desarrollo.

    En las dos últimas ediciones, resultaron ganadoras las empresas Triditive (2018) e i4life (2019) por el desarrollo de una máquina automatizada de fabricación aditiva (impresión 3D) híbrida para la producción en masa de piezas de metal y polímero y por la creación de un bastón que permite a los afectados de parkinson, alzheimer, demencias o ictus realizar actividades al aire libre al estar geolocalizados y en conexión permanente con sus cuidadores y el personal médico.

    Los ganadores de la fase autonómica concurren a la final nacional. Los premios están co-otorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) en España y Banco BPI en Portugal, y cuentan con el apoyo de más de 130 entidades de referencia implicadas en el desarrollo de las empresas innovadoras.



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