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Intervención de la consejera de servicios y derechos sociales

Presentación del proyecto de presupuestos para 2019 en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General del Principado de Asturias

05/12/2018

Comparezco en esta Comisión de Hacienda y Sector Público, acompañada del equipo que compone la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, para presentar el Proyecto de Presupuestos para 2019 y rendir cuentas sobre la ejecución definitiva del ejercicio de 2017, así como del grado de ejecución presupuestaria de 2018, a fecha 30 de noviembre.

El proyecto de presupuestos, aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de noviembre de 2018 y entregado a la Junta General para su debate y aprobación, contempla para la Consejería de Servicios y Derechos Sociales un presupuesto de 439.454.897 euros, que si lo comparamos con los créditos iniciales que gestionamos en las cuentas de 2018 (392.243.322 euros), se incrementa en 47.221.575 euros, un 12,03%

Respecto a la ejecución del presupuesto cerrado de 2017, el porcentaje de disposición de créditos del ejercicio fue del 99,35 %. El porcentaje de ejecución presupuestaria del 2018 a 30 de noviembre asciende al 91,54 % en lo dispuesto y se prevé una ejecución próxima al 100%. Los créditos iniciales de las cuentas de 2018 se modificaron por valor de 25.548.969 euros por lo que el montante definitivo gestionado hasta 30 de noviembre es de 417.792.291 euros.

Con el presupuesto de 2019, reforzamos las políticas de protección dirigidas a las personas con especiales dificultades, asegurando recursos que afianzan la cohesión social en nuestra comunidad autónoma. Y esto es una gran inversión, que no me cansaré de reivindicar.

La acción de la consejería asegura la vertebración de todo nuestro territorio y garantiza la equidad, a través de los convenios con ayuntamientos, el plan concertado, la red de equipamientos sociales para mayores, las prestaciones y servicios de atención a la dependencia, las rentas mínimas garantizadas, el parque público de viviendas, su mantenimiento y las ayudas a familias para el pago del alquiler.

Con estos presupuestos reforzamos el acuerdo de investidura al aumentar los créditos relativos a Salario Social, a los acuerdos marco de discapacidad e infancia, a prestaciones de la ley dependencia y a las políticas de acceso a la vivienda.

Las familias asturianas con menos recursos se beneficiaran de los créditos de Salario Social Básico, que ascienden a 124 millones.

El aumento de la partida que se destina a financiar la encomienda de gestión a los ayuntamientos para los servicios de ayuda a domicilio y de tele-asistencia para personas dependientes permitirá dar cobertura a más personas siendo estos servicios esenciales para continuar en sus domicilios atendidas por cuidados profesionales.

Se restablecerá una cuantía mínima garantizada en las prestaciones económicas para personas dependientes, de manera que puedan tener derecho al 40% de la cuantía máxima que les corresponda según su grado de dependencia y tipo de prestación, como venía sucediendo desde el ejercicio 2009 hasta 2013. En el caso de las prestaciones para asistente personal este porcentaje se elevará al 80%.

En el ERA ampliaremos 114 nuevas plazas residenciales, lo que nos permitirá llegar a las 792 creadas en esta legislatura, además de otras 43 nuevas en Centros de Día, lo que sumara un total de 155 plazas de día creadas, cumpliendo así el compromiso de esta legislatura. Se incrementará su plantilla en 101 empleos públicos.

Invertiremos 1.759.688 euros en la construcción de la Residencia de Lugones y redactaremos el proyecto de edificación de la Residencia de Cangas de Narcea.

Con este presupuesto consolidamos la acción concertada con entidades sociales para atender la protección a la infancia vulnerable y las personas con discapacidad. Con una subida de 4.579.733 euros (22.806.376) para plazas concertadas con las entidades sociales para la atención diurna y residencial de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, y en la atención a la infancia con un incremento de otros 2.892.500 (12.376.000).

Para la mejora y mantenimiento de centros públicos del conjunto de la consejería destinaremos una inversión 460.000 euros, que supone un crecimiento del 77% respecto a 2018. Al concentrar el mayor porcentaje de esta cuantía en una partida de Servicios Generales, junto con la incorporación de un técnico que realiza el seguimiento de obras, se asegura una mayor eficacia.

En vivienda destaca la apuesta por el incremento del parque público en alquiler.

Se destinan 3,3 millones para mantenimiento, de los que 1,6 son una transferencia a Vipasa ara reparaciones, con el objetivo de que a finales de 2019 no exista ninguna sin reparar. Los otros 1,7 millones se destinan a acciones de mejora en zonas comunes (fachadas, cubiertas, accesibilidad).

Se mantienen las subvenciones para el mantenimiento de la vivienda, principalmente ayudas al alquiler, a la accesibilidad y rehabilitación y el desarrollo de Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas (ARRU) de índole rural y con prioridad para menores de 35 años, aumentando los compromisos asumidos con el Ministerio de Fomento en 1,7 millones para subvenciones.

Este presupuesto se verá consolidado con la aprobación de dos proyectos de ley remitidos a la Junta General recientemente tras su aprobación por el Consejo de Gobierno.

   - Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre Acción Concertada con Entidades de Iniciativa Social Sin Ánimo de Lucro para la Prestación a las Personas de Servicios de Carácter Social.

   - Proyecto de Ley de Garantía de derechos y prestaciones Vitales.

Voy a pasar a poner cifras a cada una de las grandes áreas de la Consejería.

 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES Y RECURSOS

Respecto a la Dirección General de Prestaciones y Recursos, el crédito inicial del presupuesto 2018 ascendió a 154.996.432,00 euros, y tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el crédito actual es de 169.961.032 euros, siendo el porcentaje de crédito dispuesto a fecha 30 de noviembre de un 93,9%.

El presupuesto para el ejercicio 2019 asciende a 175.673.610 euros, lo que supone un incremento de 20.677.178,00 euros, un 13,34% más respecto al inicial de 2018.

Las principales partidas de gasto del programa son las destinadas al Salario Social Básico y a las prestaciones económicas y los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes. A continuación, analizaré el grado de ejecución actual y el presupuesto para 2019 de cada una de ellas:

   - SALARIO SOCIAL BÁSICO.

El porcentaje actual de ejecución alcanza el 95,32% (114.383.039,76 euros). El crédito actual asciende a 120 millones, tras la ampliación de los quince que se realizó a través de la Ley del Principado de Asturias 4/2018, de 4 de mayo, sobre financiación de créditos adicionales a la prórroga presupuestaria, y el gasto final en 2018 estará en torno a los 124,2 millones. Dado el carácter ampliable de este crédito, será necesario proceder a implementar el mismo por un importe de 4,2 millones, habiéndose iniciado ya los trámites pertinentes para proceder del mismo modo para garantizar el pago del mes de diciembre.

La inversión total en salario social en 2018 será un 4,2% más que en 2017, lo que supone el menor incremento anual de la serie desde la puesta en marcha de esta prestación en 2006, y está muy lejos del experimentado entre los ejercicios 2013 y 2015, en que la media de aumento del gasto fue del 31,5%.

Asimismo, se estima que el número de unidades de convivencia atendidas en el mes de diciembre será de alrededor de 22.600, lo que significa que en 2018 se habrá incrementado el número de perceptores únicamente en un centenar (0,7%). Esta subida, al igual que el de la inversión, resulta el menor de toda la serie histórica.

Teniendo en cuenta la evidente estabilización del salario social básico, las metas en este ejercicio y en el próximo en relación a su gestión continúan siendo:

   - Mantener los plazos de gestión dentro de los límites legalmente establecidos, que ya casi se ha recuperado para las primeras solicitudes.
   - la eliminación en el retraso en la revisión de expedientes.

En cuanto al plazo de revisión, según los datos del mes de octubre, ya se cumple con el máximo legal previsto (dos meses) en los siguientes supuestos:

   - Todo tipo de variaciones en relación a expedientes en que existan víctimas de violencia de género, menores en riesgo de institucionalización y desahucios.
   - Inicio o fin de participación de Planes y Programas de Empleo.
   - Inicio o fin de prestaciones y subsidios por desempleo y otro tipo de prestaciones o pensiones.
   - Incidencias en relación al seguimiento de PPIS.
   - Bajas voluntarias y fallecimientos.
   - Traslados de residencia.
   - Cambios de titular.

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