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El acuerdo de concertación aboga por desarrollar la telemedicina y garantizar la capacidad informática de los centros escolares

El pacto del Gobierno de Asturias con los sindicatos y la patronal prevé dedicar 188,6 millones a la aplicación de 24 medidas sanitarias, educativas y sociales. El documento incluye el compromiso de desplegar varias líneas de ayuda para facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente a los colectivos más vulnerables

07/08/2020

La concertación propone aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información para la medicina y la educación. El desarrollo de la telemedicina y la mejora de la dotación informática de los centros escolares son dos de los objetivos del acuerdo suscrito por el Gobierno de Asturias con la patronal y los sindicatos.

La Concertación para la Recuperación de Asturias (CREA) se articula en cinco ejes estratégicos. El tercero se denomina Medidas sanitarias, educativas y sociales y se divide a su vez en otros cinco capítulos: fortalecimiento de la sanidad pública, medidas educativas, políticas sociales, vivienda y reto demográfico. Las 24 iniciativas previstas para los dos próximos años suman 188,6 millones, la segunda partida más elevada del pacto después de la dedicada a apoyar la industria.

El apartado dedicado a las medidas sanitarias aboga por la mejora de la red de atención primaria, el fortalecimiento del sistema de vigilancia y detección epidemiológica y el impulso de la investigación relacionada con la pandemia mediante la colaboración público-privada. Otra de sus apuestas es el desarrollo de la telemedicina, a la que ha sido necesario recurrir durante el estado de alarma y que se presenta como una opción con mayor relevancia en el futuro.

La pandemia también ha provocado grandes cambios en la educación. La suspensión de las clases presenciales durante el último trimestre del curso obligó a continuar la enseñanza de modo telemático. Tampoco fue posible impartir toda la materia prevista al inicio del año académico. La concertación presta atención a ambos asuntos. Así -y aunque la opción prioritaria de la Consejería de Educación es la asistencia de todo el alumnado a los colegios e institutos- contempla la dotación de infraestructuras, conexiones y herramientas informáticas suficientes, de modo que se garantice la educación telemática. También aboga por la recuperación del temario que no se pudo dar. Otra prioridad es garantizar la máxima prevención posible frente al coronavirus, tanto mediante medidas de seguridad e higiene como con la dotación de material de protección suficiente.

Dentro del capítulo de medidas sociales, el acuerdo prevé agilizar la implantación del ingreso mínimo vital. Así, recoge el plan de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para que quienes perciben el salario social sólo precisen dar su consentimiento para pasar a cobrar el ingreso mínimo. El pacto incluye, además, la actualización del convenio entre la misma consejería y el Servicio Público de Empleo (Sepepa) para facilitar la incorporación de las personas que reciben el salario social al mercado laboral.

En materia de vivienda y de reto demográfico, se fijan tres grandes objetivos: asegurar el derecho a una vivienda digna mediante diversas líneas de ayuda, fundamentalmente destinadas a colectivos vulnerables; evaluar el Plan Demográfico 2017-2027 e impulsar la cohesión social y territorial, en especial, en las áreas rurales.

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