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Intervención del Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández

Acto de apertura del curso académico 2017-2018 de la Universidad de Oviedo

12/09/2017

En la deprimente atmósfera de la España maltrecha de 1898, Rafael Altamira impartió en esta misma universidad la conferencia inaugural del curso 98-99. La tituló El patriotismo y la Universidad.

En ella, el catedrático de Historia del Derecho se hacía la siguiente pregunta: “¿qué tiene que ver la universidad con la cuestión del patriotismo tal y como hoy se haya planteada entre nosotros?”. Y a lo largo de la intervención la respondía llenando el término patriotismo de connotaciones políticas, sociales, regeneradoras y educativas e incidiendo en la necesidad de una historia científica para poder crear conciencia nacional.

No teman, no osaré adentrarme ni en la obra ni en el pensamiento de Altamira que, por cierto, fue objeto hace seis años de un merecido homenaje aquí, en el paraninfo, con una conferencia pronunciada por Jorge Uría, profesor de esta universidad.

No obstante, quiero subrayar dos cuestiones:

Que el patriotismo del que hablaba era un seminario de ideas con las que pretendía inyectar energía a un cambio que la minoría intelectual forjada en la universidad debería liderar.

Que ese patriotismo se transforma en cada tiempo con contenidos nuevos y que la cada vez mayor rapidez con la que la realidad se convierte en pasado, la aceleración del ritmo histórico, exige la también progresiva aceleración de esa transformación.

Las interrogantes consiguientes a esas reflexiones serían: ¿cómo es ahora el patriotismo?, ¿qué compromiso tiene con él la universidad?

Respecto al patriotismo, el de hoy no puede ser el de la generación que, cuando Altamira abría aquí mismo aquel curso académico, abandonaba la reflexión sobre las reformas que el país necesitaba y elevaba la mirada hacia la metafísica y la introspección preguntándose qué cosa era España, dónde estaba su esencia, su alma, su espíritu… su genio nacional.

El patriotismo de hoy tampoco puede ser el que pone el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica o cultural por encima de la lealtad debida a la nación de ciudadanos como titular de la soberanía política.

Ese patriotismo, que nadie debe monopolizar, significa entre, otras cosas, el orgullo de haber superado lo que Santos Juliá llamó “la anomalía española”, aquello que nos hacía diferentes de Europa por nuestra incapacidad para construir un sistema político moderno, nuestro atraso económico y nuestra estructura social.

Ese patriotismo simboliza el sentimiento de adhesión de pertenencia no al país que nos ha tocado en suerte, sino al que ha edificado un Estado social de derecho anclado en una cultura universalista, participativa y democrática. Es el constitucional, el que renuncia como factor de soldadura política a la comunidad romántica de origen y la sustituye por una comunidad de ciudadanos que comparten las mismas instituciones.

Es el que no impide tener distintas visiones de España, pero exige una única visión del Estado como comunidad jurídico política de iguales.

Es el que nos dice que ni podemos ni queremos dejar de ser lo que somos, un Estado constitucional y democrático que aplica el derecho y se sirve exclusivamente de él para organizarse, defenderse y permanecer.

Ese patriotismo constitucional, que compite con el que apela al corazón, a la esencia, al alma forjada a lo largo de una historia casi siempre mítica, telúrica y falsa, necesita compensar su menor carga emocional con un mayor esfuerzo de reflexión, de argumentación racional.

En cuanto al compromiso que con él tiene la universidad, como precisaba el propio Altamira en su discurso, “se excluye aquella cuestión específica y normal que la universidad tiene como centro docente, porque no es a esa función ordinaria y tradicional a la que nos referimos ahora, sino a las aplicaciones nuevas que de ellas cabe hacer en los momentos actuales”.

No me atreveré a definir cuáles deben ser esas “aplicaciones nuevas”. Pero sí sé que la propensión a dar argumentos y contraargumentos, lo que un científico hace sistemáticamente en un artículo para una revista, un seminario o un curso, se necesita cada vez más en el espacio público.

Hoy no insistiré en este acto en el asunto, tan recurrente, del vínculo entre universidad e industria, ni en la pretensión de reducir la universidad a un catalizador de la economía, que daría para mucho debate. Tampoco indagaré en otro lugar común, esa aparente controversia sobre la preferente aplicación técnica de la investigación, consciente de que el deber científico es avanzar en el conocimiento preocupándose o no por sus aplicaciones, que a veces llegan tarde y con frecuencia de forma inesperada.

Y, por supuesto, no me importa si el científico desarrolla su trabajo por orgullo, por codicia o por rivalidad con un vecino de despacho.

Lo que me interesa y me preocupa es el papel cada vez más determinante de la producción científica -que la universidad representa aunque no lo monopolice- en una sociedad que llamamos del conocimiento.

Una sociedad en la que la política de la ciencia se ha constituido como un asunto central de la ciudadanía, hasta el punto de que el aval experto, sea real o ficticio, se exhibe para cualquier cuestión, desde la elección de una dieta de adelgazamiento hasta la compra de un detergente o de una crema hidratante. Para todo se publicita, como si fuese la garantía definitiva, la presunta acreditación técnica o científica.

En esta sociedad y en este momento tiene todo el sentido hacerse las preguntas que se planteaba Altamira: qué tiene que ver la universidad con el patriotismo. O, al modo resuelto con el que preguntaba Lenin, ¿universidad y patriotismo, para qué?

Por ejemplo, para que el conocimiento científico coopere, apoye y facilite la decisión pública y, sobre todo, para que corrija el déficit estratégico de la política.

Cuando hablo de déficit estratégico de la política me refiero a que sus administradores trabajan, o trabajamos, con un horizonte temporal muy corto.

Es verificable la cada vez mayor dificultad de los políticos para ser reelegidos. La comprobación empírica es muy fácil, pero fíjense también en la teoría: se editan más manuales sobre cómo hacerse con el poder que libros acerca de qué hacer con él. Tal parece que el objetivo de alcanzar el poder no sea otro que retenerlo. Sobre esto también se ha pensado y escrito bastante, tanto desde el punto de vista político y social como psicológico. Hay tragedias y novelas magníficas sobre la neurótica relación entre el individuo y el poder, haya sido cual haya sido el envoltorio ideológico o profesional con el que se haya llegado a él.

El caso es que, en efecto, la acción política, y en especial la acción política en las democracias, está sometida a la dictadura del corto plazo. Y no sólo la política, aclaro: propiamente, todos los mandatos sometidos a reválida electoral lo están, sean cargos gremiales, institucionales o de cualquier otro tipo. A esta circunstancia hay que sumar la exigencia de los medios y redes de comunicación: en la medida en la que la realidad sólo se conjuga en el tiempo verbal de la inmediatez, en la tiranía del instante, ¿cómo pensar más allá, en el horizonte de varias generaciones? Esta sociedad líquida, en la que el mañana caduca cada día, es más fugaz que todas las anteriores.

La consecuencia es la debilidad política del futuro y la necesidad de introducir el largo plazo en las decisiones estratégicas, y en esto el saber y el compromiso científico es esencial. Y lo es, créanme, cada día más si pensamos cómo los residuos nucleares, las pensiones, el calentamiento global, la ingeniería genética o el endeudamiento financiero son problemas del futuro que han irrumpido en la política del presente.

No estoy preguntando quién o qué se hace cargo del futuro. Tengo claro que debe ser la política, pero sólo con un fuerte apoyo científico pueden los gobiernos superar la aversión al riesgo de volatilidad, a la erosión que les supone dirigir procesos complejos recuperando capacidad estratégica.

Sólo con conocimiento experto podemos regular y anticipar riesgos, evitando desplazar hacia el futuro los problemas no resueltos, convirtiéndolo en el espacio de descarga del presente.

Hoy no hay un solo asunto nuclear en política que no precise la opinión técnica. Pensemos algunos ejemplos:

   - Las cuestiones financieras son y deben ser territorio privilegiado para los expertos, aún conscientes de que los modelos con los que calculan los riesgos son a su vez arriesgados, de que la ilusión de que podemos vivir en un mundo calculable en el que se presente una tesis económica como administradora de datos indiscutibles dificulta, si no impide, su sometimiento a una discusión pública.

Dirán ustedes que me remito a cuestiones de dimensión global que, aunque con indudable repercusión local, se tramitan en otros centros de decisión, pero puedo aludir a problemas de exclusiva competencia regional.

La conservación de la naturaleza, las redes que aseguran el suministro eléctrico, la garantía de suficiencia de los recursos hídricos o las técnicas de tratamientos de residuos sólidos urbanos son asuntos controvertidos que han estado o estarán en la agenda política de Asturias.

En todos esos casos tan relacionados con el medio natural, con su calidad y conservación, la opinión experta tiene la función de proveer a la política de más opciones a la hora de decidir, pero es a ésta a la que le corresponde tomar la decisión. Porque una cosa es recurrir a la ciencia para conservar el medio ambiente, que es imprescindible, y otra bien distinta utilizarla para movilizar la naturaleza contra la política. La decisión acerca de cuánta naturaleza y qué naturaleza debemos conservar no es una cuestión científica, sino política, y si los gobiernos recurren al saber experto es para liberar a la política de la responsabilidad de decidir bajo condiciones de inseguridad. Sabiendo que en todos los casos, sin excepción, hay expertos con opiniones contrarias, denuncias de que el saber científico es instrumentalizado para justificar decisiones previamente adoptadas, decepción de los políticos cuando no nos proporcionan argumentos irrebatibles y decepción de los científicos cuando sus argumentos no son aceptados.

Sobre esto podríamos profundizar ahora en Asturias, a propósito de la proliferación de opiniones, estadísticas y consideraciones técnicas relacionadas con el medio ambiente. Sin entrar en ello, quede subrayada la idea principal: la elección de cuánta naturaleza proteger –ahí está nuestra costa, la mejor conservada de España— es una decisión política, no científica.

   - También deberíamos aprovechar el saber experto para hacer pedagogía y desarraigar del imaginario colectivo la idea de que la química es un procedimiento para envenenar, la ciencia para destruir o la comunicación para manipular.

   - El saber científico, en fin, también existe y es necesario a la hora de debatir cuál debe ser el sistema de financiación autonómico más adecuado en el marco de un Estado complejo como el nuestro.

Permitan que me extienda en esta cuestión, sobre la que hablaremos, y mucho, los próximos meses. Empiezo por decirles:

1) que existe una independencia formal entre autogobierno y solidaridad y que el compromiso entre ambos puede hacerse al nivel que resulte políticamente satisfactorio en cada caso;

2) que la prestación de los servicios públicos repercute de forma directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que garantizar un nivel equivalente forma parte de las prioridades de la agenda de responsabilidades públicas;

3) y que si las diferencias culturales, institucionales o de renta y riqueza se traducen en diferentes derechos económicos o sociales se estaría afectando al corazón mismo del sistema democrático.

A partir de esas consideraciones pueden hacerse cálculos, establecer coeficientes, distribuir fondos, ponderar sumandos y hablar el lenguaje oscuro que funciona como contraseña de admisión en el club de los expertos. Todo eso es necesario, pero debemos tener claro que los problemas que amenazan al Estado autonómico no son de índole técnica, sino de naturaleza política.

Así, no es difícil percibir tanto en la propuesta de la Comisión de Expertos sobre la reforma de la financiación como en los diferentes votos particulares las tensiones que subyacen en el modelo territorial español. Capacidad normativa, nivelación parcial, responsabilidad fiscal, ordinalidad… son todos términos que nos recuerdan que vivimos en un Estado compuesto y complejo en el que la definición de los mecanismos de cohesión territorial no sólo refleja diferencias de carácter político y social, sino la existencia de nacionalismos interiores, que es, sin duda, el más genuino hecho diferencial del federalismo español.

Con todos esos asuntos que he enunciado no he pretendido transmitirles la tesis de que nos adentramos en un tiempo en el que el conocimiento científico reducirá la significación de lo político; lo que intento decirles es que el saber es un elemento crucial para la legitimación de las decisiones políticas y, puesto que la universidad es un actor central en la producción de saber, de ahí la importancia en la cada día más estrecha relación entre el saber y el poder. Quiero decir entre el saber científico y el poder político.

Y si hablamos de esa relación cotidiana en Asturias, debo afirmar que la voluntad del Gobierno del Principado, no lo duden, es aportar la mejor dotación económica posible a la universidad dentro de los márgenes presupuestarios de los que disponemos. Hoy precisamente puedo confirmarles que hemos alcanzado un acuerdo con el rectorado sobre un nuevo modelo de financiación plurianual que garantiza la financiación necesaria para que la Universidad siga cumpliendo con sus funciones y un apoyo claro a la mejora de sus actividades. Es una noticia esperada, una buena noticia para todos.

No voy a aburrirles con los pormenores de ese compromiso, fruto de un diálogo serio y responsable entre el rectorado y las consejerías de Educación y Hacienda. Sólo les avanzo que se cimienta en tres bases:

   - por un lado, el mantenimiento de la aportación ordinaria a la institución académica, la que permite financiar sus gastos de funcionamiento;

   - por otro, el Principado cofinanciará el 80% de un plan de inversiones en infraestructuras por un total de 10 millones;

   - y, por último, también se incluye un apartado de financiación por objetivos, lo que comúnmente se conoce como contrato programa, que permitirá a la Universidad disponer de otros 10 millones.

Estamos, por tanto, ante un acuerdo muy importante por los recursos que moviliza, por la estabilidad que confiere y porque acredita una vez más el compromiso del Gobierno de Asturias con la Universidad de Oviedo. Saben que no es un hecho aislado, sino que continúa una firme línea de acción política perfectamente contrastable: llevamos cinco años continuados de congelación de los precios públicos de las primeras matrículas, medida que este curso se ha extendido a todos los precios de los estudios universitarios, con independencia del tipo de matrícula; también este curso hemos mejorado la oferta de transporte entre el campus de Mieres y Gijón; estamos favoreciendo la estabilización del profesorado y del personal de administración y servicios; mantenemos el impulso a la investigación; hemos promovido un análisis de la oferta formativa universitaria. En fin, con todos los fallos que se puedan cometer en la gestión ordinaria, el compromiso del Gobierno de Asturias con la Universidad de Oviedo está fuera de discusión.

Señor rector, lleva usted algo más de un año en su cargo. Créame cuando le digo que le deseo que el resto de su mandato sea tan fructífero como esta etapa. Le aseguro que podrá contar siempre con el apoyo del Gobierno de Asturias, y que nuestras reglas de juego, seguro que las mismas que las suyas, serán la lealtad, colaboración mutua y la responsabilidad. Porque nosotros queremos la mejor universidad posible. La universidad capaz de desempeñar, entre otras, algunas de las elevadas tareas que acabo de esbozar.

Muchas gracias.

 

 

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