Ley de la cadena alimentaria

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (en adelante Ley de la cadena alimentaria) cuya última gran modificación la introdujo la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, persigue mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales.

Esta Ley es de aplicación a todos los operadores implicados en la producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios y, en todo caso, las compras de animales vivos, los piensos y todas las materias primas e ingredientes utilizados para alimentación animal, excluyendo las actividades de transporte y de la hostelería y restauración.

Las transacciones deberán estar amparadas por contratos alimentarios formalizados por escrito y con los elementos que constan en el artículo 9 de la citada Ley 12/2013. Igualmente, el artículo 11 bis, establece que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de un Registro Digital en el que se inscribirán, con carácter obligatorio, los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y las agrupaciones de éstos, así como sus modificaciones, antes de la entrega del producto objeto del contrato.

El Real Decreto 1028/2022, por el que se desarrolla el registro de contratos alimentarios, aclara quienes son los sujetos obligados a la inscripción de los contratos alimentarios, que, según recoge la Ley de la cadena alimentaria, corresponde a los compradores que formalicen los contratos con los productores primarios y sus agrupaciones, incluyendo los contratos de compra de leche cruda y otros productos agrícolas y/o alimentarios.

La no inscripción en el registro de contratos alimentarios supone una infracción en materia de contratación alimentaria, que puede ser objeto de sanción según lo establecido en el artículo 23 de la Ley de la cadena alimentaria.